Extradición a RD de dominicano buscado por asesinato de agente de la DNCD está en manos de Pompeo
NUEVA YORK._ El caso de la eventual extradición a la República Dominicana del dominicano Christian Wellington Aguasvivas, capturado en Lawrence en 2015 y buscado por el asesinato del agente de la Dirección General de Control de Drogas (DNCD) Lorenzo Ubrí Montero en 2013 en Baní, está en manos del Secretario de Estados Unidos Mike Pompeo, después que el prófugo, dijo a un juez de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que de ser enviado a su país natal, será torturado por la Policía Nacional, y hasta asesinado, como ocurrió con su hermano Frank Aguasvivas, después de su huida a Estados Unidos.
Aguasvivas, fue capturado en Providence (Rhode Island), en medio de una intensa búsqueda internacional, en la que se involucraron la INTERPOL, oficiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshalls) y policías estatales y locales de Massachusetts.
Cuenta también con el apoyo del capítulo de Massachusetts de la Unión de Libertades Civiles (UCLA), cuyos abogados se han sumado a la lucha legal para que Aguasvivas no se extraditado a su país.
En la balacera, también resultaron heridos de gravedad, el capitán Felipe de Jesús Jiménez García y al agente José Marino Henríquez Rodríguez, quienes acompañaban a Ubrí Montero en un operativo contra las drogas.
El caso se denomina “Cristian Aguasvivas contra el Secretario de Estado Mike Pompeo” Cristian Aguasvivas vs. Secretary of State Pompeo).
El panel de los jueces de la BIA, decidió que si Aguasvivas, es extraditado a República Dominicana, podría ser torturado por oficiales del Gobierno dominicano, lo que violaría el acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Pero, los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, alegan que el único con discreción para decidir el envío del preso a su país, es Pompeo, quien todavía no se ha referido públicamente al caso.
Tampoco lo han hecho funcionarios diplomáticos dominicanos en Estados Unidos, como los embajadores en la ONU y Washington, DC, Francisco Cortorreal y José Tomás Pérez.
La convención de ONU establece que ningún país firmante puede extraditar fugitivos en cuyos países de origen, se practique la tortura en instancias oficiales, como ocurre en la República Dominicana.
La situación de Aguasvivas, ha generado un amplio debate entre expertos legales, fiscales federales, portavoces del Gobierno estadounidense y activistas contra crímenes de estado, que se han estado movilizando en las inmediaciones de la corte federal en Rhode Island, oponiéndose a que Aguasvivas, no se entregado a la justicia dominicana.
El fugitivo, vinculado al tráfico de drogas y atracos en el sur de la República Dominicana, por la Procuraduría General, está negando su participación en el asesinato del oficial de la DNCD, alegando que la noche del tiroteo, él no estaba en posición de disparar, sugiriendo que fue otro policía que mató al agente.
El juez federal John McConnell Junior, dijo el jueves de la semana pasada en una audiencia sobre el caso, que decidirá lo más pronto posible lo que se hará con el destino de Aguasvivas.
«El Departamento de Estado no tiene la discreción de extraditar a alguien que pueda ser torturado», dijo Amy S. Barsky, la abogada de Aguasvivas. «Incluso si hay consecuencias diplomáticas extranjeras, el Departamento de Estado no tiene poder para extraditarlo».
Para los especialistas involucrados en el debate, la extradición de Aguasvivas dependería de lo establecido en la convención de la ONU contra la tortura, de la cual Estados Unidos es signatario, y la decisión de la BIA en 2017 que determinó que Aguasvivas probablemente sería torturado si lo regresan a la República Dominicana donde es buscado en un caso de 2013 que involucra la muerte de la DNCD en ese país.
El abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Theodore Heinrich, dijo que la decisión de la BIA no es vinculante para el Secretario de Estado, Mike Pompeo, quien tiene la máxima autoridad en decidir la extradición de Aguasvivas.
Agregó que el Gobierno dominicano cumplió con sus obligaciones bajo el tratado de extradición entre los dos países, como lo sostuvo un magistrado anterior en una corte federal.
«Este es un caso de asesinato, no político», dijo el abogado Heinrich. «La decisión del magistrado debe ser firme».
También argumentó que la prohibición de la extradición es una causa probable y que, como tal, incluso los rumores o los testimonios cuestionables, que la abogada Barsky impugnó que los oficiales tenían, no deberían impedir que sea juzgado.
«Estoy diciendo que el origen del testimonio no anula la causa probable», dijo Heinrich.
Un video del incidente en YouTube muestra a Aguasvivas siendo empujado dentro de un vehículo en su natal Baní por tres oficiales de DNCD cuando suenan seis disparos.
Aguasvivas testificó previamente que no estaba en posición de dispararle a Urbi y que poco después salió a la fuga con su hermano Frank para escapar de la policía. Afirmó que Frank fue asesinado en 2014 por el DNCD, lo que lo llevó a huir a Providence.
Según los documentos presentados a la BIA, policías dominicanos torturaron a varios amigos y familiares de Aguasvivas poniéndoles una cebolla en la boca y cubriéndoles las cabezas con bolsas plásticas para simular asfixia, y obligarlos a decir el paradero del prófugo.
Barsky dijo que la única herramienta que el Gobierno puede ofrecer para garantizar la seguridad de Aguasvivas son las garantías diplomáticas, que, según ella, no son lo suficientemente fuertes dadas las circunstancias.
Sin embargo, el factor decisivo, la abogada de Aguasvivas, es que el BIA, es una entidad del poder ejecutivo, y ya decidió el asunto, que el Departamento de Estado debe respetar la decisión porque se trata de la misma rama del Gobierno.
«El Ejecutivo ya comprobó sobre la cuestión de la tortura», dijo. «Es arbitrario y caprichoso para ellos renegar de eso».
Si bien Heinrich argumentó que la decisión no vinculaba al Departamento de Estado, el juez McConnell se mostró escéptico ante esa afirmación.
«Somos un Gobierno», dijo el magistrado. “No solo somos un Gobierno que ha dicho que el señor Aguasvivas probablemente será torturado si regresa. No solo eso, fue la rama ejecutiva de ese Gobierno que dijo eso”.
¿Cómo puede un tribunal o parte de la rama ejecutiva no apoyar esa decisión cuando es una misma?», preguntó el juez.
