Fiscal preocupada por casos de tráfico de armas en que imputados obtienen garantías económicas
El fiscal de la provincia Hermanas Mirabal mostró preocupación por las últimas decisiones del Juzgado de la Instrucción de esta demarcación que dejan en libertad y solo con la presentación de garantías económicas a procesados por violación a la Ley de Armas.
Edward Andrés Núñez-Merette informó que el pasado 6 de abril, alrededor de las 3:00 de la madrugada, fueron detenidos por agentes policiales y en flagrante delito Jasser Rodríguez Quezada, Erickson Betances y Anthony Sarita Rodríguez, mientras se desplazaban por una calle de Salcedo en dos vehículos en los que transportaban varias armas de fuego sin portar ningún tipo de documentación.
Rodríguez Quezada y Betances se transportaban en un vehículo marca Infiniti. Al ser registrado se les ocupó dos pistolas calibre 9mm, una caja de tiros, tres cargadores con capacidad para 30 cápsulas cada uno con 19 cápsulas en su interior, y varios teléfonos celulares.
En el caso de Anthony Sarita Rodríguez, quien había sido cancelado de la Policía Nacional en 2015, se desplazaba en un automóvil en el que se le encontró una pistola Glock 19, con cargador y 10 cápsulas, así como tres cédulas de identidad, un carnet policial y cuatro celulares.
El Ministerio Público, representado en la investigación por la magistrada Cristina Ortiz, sometió a los imputados a la acción de la justicia por su vinculación a los hechos que constituyen una violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en virtud de que existían los méritos probatorios suficientes para que el tribunal impusiera la medida de coerción establecida en el artículo 226, numeral 7, del Código Procesal Dominicano, consistente en la prisión preventiva.
En esos casos, el Ministerio Público solicitó medida de coerción consistente en prisión preventiva, sin embargo, los imputados de esos graves delitos fueron favorecidos con garantías económicas que oscilan entre los RD$10 mil y RD$50 mil.
El fiscal Núñez-Merette indicó que no es la primera vez que los jueces favorecen a los infractores de la ley con la referida medida de coerción, ante hechos con gran similitud y vinculación registrados en los últimos meses en las provincias Hermanas Mirabal y Duarte
