Fragilidad de las periodistas en el estado de Guerrero, no más agresiones ¡Justicia para ellas!
Por María López
México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa de todo el mundo, bajo la premisa de que la Relatoría Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión define como periodista a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad, a las y los periodistas ciudadanos cuando desempeñan por un tiempo esa función.
Así como también el Comité de Derechos Humanos señala que son periodistas una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios. Se distingue al periodista como aquella persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad principal, de manera permanente con o sin remuneración, con o sin título profesional o registro gremial que acredite su ejercicio.
El agravante en cuanto a violencia de género por lo que CONDENAMOS el maltrato sufrido a dos mujeres periodistas del estado de Guerrero a manos de policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, y del presidente municipal de Florencio Villarreal (Cruz Grande) oscuros opositores, operan como condiciones de posibilidad para la sedimentación de un territorio en el que pareciera no ser relevante la libertad de prensa como valor democrático, ni mucho menos exigir el cese de esta hostilidad y por atentar contra el ejercicio periodístico de las reporteras Fortunata Larumbe Ramos y Norma Patricia Flores Carballido.
Por lo que nos mostramos indignados y nos sumamos a la queja que ellas ya interpusieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra José Lorenzo Hernández, coordinador regional de la UPOEG en el municipio; Brisenia Cuevas de León, tesorera y Rodrigo Pavón Gallardo, alcalde de Florencio Villareal (Cruz Grande), en la región e la Costa Chica.
Del escrito de queja número 2022/ 29873, ellas relataron que el 31 de marzo de 2022, al mediodía, llegaron al H. Ayuntamiento para ser atendidas por la tesorera municipal Cuevas de León, “para acordar el pago de publicaciones de la campaña para su presidencia”.
“La tesorera nos informó que ella no tenía ninguna instrucción del presidente municipal para generar algún pago de publicaciones de la campaña… Cuevas nos invitó a salir de su oficina por lo que no accedimos hasta que obtuviéramos una respuesta sobre nuestro pago”, manifestó Larumbe ante el escrito presentado ante la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
Expusieron que la funcionaria les dijo que no le quedaba de otra que traer a la Policía Comunitaria. Acto seguido, “llegó un sujeto, con lujo de violencia y muy prepotente, tomó su radio, se comunicó con un individuo y le dijo, suban para que me saquen a estas pinches viejas”.
Las agraviadas fueron jaloneadas y pateadas dentro de las oficinas de la tesorería por los elementos de la UPOEG. “El coordinador nos encaró, si dicen algo, o sacas alguna nota, las voy a matar no abran la boca”, puntualizan que fueron amenazadas.
Norma Patricia Flores Carballido y Fortunata Larumbe Ramos temen por sus vidas, es por ello que han denunciado estos hechos ante el Ministerio Público de Atención Integral, Karla Osiris Torres Herrera –proceso 12180750100021310322- y, la CNDH, para que se investigue y se proceda conforme a derecho.
Como miembro del Congreso Hispanoamericano de Prensa exijo a la Fiscalía General de Guerrero dar celeridad a ésta denuncia que alienta el clima de hostigamiento por parte de instancias gubernamentales para agredir física, emocional y económicamente a quienes ejercemos el periodismo en México y en el mundo.
Hay muchas cosas que están funcionando mal, sobre todo en materia de libertad de expresión, y autoridades fallan y policías comunitarios de la Costa Chica de Guerrero UPOEG que se supone que están para proteger y salvaguardar a los ciudadanos, no para agredir, nos preguntamos ¿Y dónde está la seguridad para las comunidades y para sus habitantes con los de las UPOEG?
Quienes en lugar de proteger a las mujeres periodistas fueron agredidas por ellos. ¿y las Autoridades que hacen?, los periodistas y comunicadores sociales esperan respuestas positivas.
