Fraude en las Edes tuvo un monto superior a los RD$20,000 millones
Santo Domingo, RD: El Estado dominicano se querelló en contra de 14 personas acusadas de desfalcar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte, Sur y Este.
El grupo acusado del desfalco es encabezado por Rubén Jiménez Bichara, pasado vicepresidente de la CDEEE y los exadministradores de EdeEste, Luis Ernesto de León; de EdeSur, Radhamés del Carmen Maríñez y de EdeNorte, Julio César Correa.
Pero también contra Juan Alexis Medina Sánchez (en prisión por el caso AntiPulpo), hermano del expresidente Danilo Medina y Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra, cuñados también del exmandatario dominicano.
El listado de personas que el Estado señala como autores de la supuesta estafa la completan Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada, Dileisi de Jesús Rivera y Julián Esteban Suriel Suazo y Wacal Vernavel Méndez Pineda, estos últimos dos en prisión también por el caso AntiPulpo.
El documento fue depositado en la Procuraduría General de la República por Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de Empresas Eléctricas, a nombre del Estado dominicano en virtud del poder especial 55-20 firmado por el presidente Luis Abinader.
En el documento se pide evaluar provisionalmente y de manera preliminar la suma de RD$ 50,000 millones el dinero a ser resarcidos por los acusados “como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma”.
Señalamientos
La querella presentada por el Estado dominicano en contra de 14 personas y 25 empresas ligadas a la pasada gestión en el sector eléctrico establece que las transacciones fraudulentas ejecutadas por el “entramado societario y familiar” en contra del Estado y las tres empresas distribuidoras de electricidad involucra un monto superior a los RD$20,000 millones.
Esto “sin contar con las sumas que pudieren añadirse producto de la identificación de otras operaciones fraudulentas a lo largo de la investigación”, señala el documento entregado a la Procuraduría General de la República.
