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Funcionarios de JCE envueltos en fraude electoral EE. UU. podrían enfrentar cargos criminales

"En su denuncia, el Dr. Yomare Polanco acusa al Ing. Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme, Director del Voto Dominicano en el exterior, como  el principal responsable del fraude electoral, que ahora se extiende a una posible malversación de fondos públicos."
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Nueva York: El pasado proceso electoral dominicano en Estados Unidos fue una verdadera vergüenza estrujada en la cara de una comunidad que ya no aguanta más vejámenes. Fue una mafia al estilo Al Capone, organizada, que contó con la participación de encargados de OPREEs, OCLEEs y jueces electorales. Vulneraron el derecho inalienable de los votantes, que aún en medio del epicentro de un golpe pandémico que ha matado a 497,670 aquí, en EE. UU, y aún así, salieron a votar.

El TSE ordenó el reconteo de los votos nulos en la modalidad del diputado de ultramar, los encargados de la JCE se apandillaron para romper la cadena de custodia y ejecutaron un mandato del Ing. Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme, director del Voto Dominicano en el exterior, para desaparecer los votos nulos, que hoy los pone en rumbo de colisión con la justicia norteamericana.

El Dr. Yomare Polanco, quien se ha mantenido a la vanguardia incansablemente durante más de 7 meses denunciando el fraude de que fue víctima su candidatura como diputado de ultramar, parece haber agotado todos los recursos ante los canales correspondientes, que han sido la propia JCE, el TSE y el TC., encontrándose un silencio burocrático que rosa los linderos de la complicidad y jugar al ahogamiento por cansancio.

Al Dr. Yomare Polanco lo han obligado a recurrir al último recurso que le queda: La justicia norteamericana. todos los caminos parecen cerrarse para los funcionarios de la JCE envueltos en un fraude electoral, que peligrosamente podría extenderse a la presentación de cargos por una posible felonía de malversación de fondos y demandas civiles por danos y perjuicios.

Otra investigación en curso, ya se encuentra en su fase final, basada en una auditoría forense a los documentos financieros, pedida por el periódico El Faro Latino, medio que respondió al sentir del liderazgo de la diáspora que reaccionó alarmada al conocerse la noticia de que Bank Of America había cerrado varias cuentas bancarias usadas por funcionarios de la JCE por un supuesto mal uso de retiros en efectivos por una suma superior a los US$800 mil dólares.

En su denuncia, el Dr. Yomare Polanco acusa al Ing. Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme, Director del Voto Dominicano en el exterior, como  el principal responsable del fraude electoral, que ahora se extiende a una posible malversación de fondos públicos que  además envuelve a Gianilda Licelot Díaz Fernández, Ana María Matos Espinosa, Rafael González, Yohanna Tineo (Secretaria Administrativa de la OPREE de Nueva Jersey, epicentro del escándalo), Fernando Núñez (Presidente de la OPREE de Nueva Jersey y los jueces Sara Machado y Héctor Troncoso);  Sublime Larancuent Guzmán(Secretaria de la OPREE de Washington, DC);  Gisela Adela Almonte Francisco (Secretaria de la OPREE de Filadelfia, Pennsylvania).  Entre otros funcionarios y empleados de las OPREEs y OCLEEs de los estados de Nueva York, New Jersey, Filadelfia, PA y Washington, DC y Boston, Massachusetts.

Las personas que son encontradas culpables de la felonía de malversación de fondos en el estado de Nueva York, se enfrentan a una pena de 5 a 10 años de prisión.

En Nueva Jersey, si es de tercer grado serían 5 años, si es de segundo grado, serían de 5 a 10 años y si es de primer grado, serían de 10 a 20 años de prisión y 250 mil dólares de multa.

En el estado de Pennsylvania, el castigo para la felonía de malversación es: Menos de $50, multa de hasta $2,500 y encarcelamiento de hasta un año; $50 a $199, multa hasta $5,000 y cárcel hasta dos años; $200 a $1,999, multa de hasta $10,000 y prisión de hasta cinco años; $2,000 o más multa de hasta $15,000 y prisión de hasta siete años; $500,000 o más: delito grave de primer grado con una multa de hasta $ 25,000 y hasta 20 años de prisión.

En Washington, DC., menos de $1,000, enfrentará una multa máxima de un año en la cárcel y una multa de $100,000. Si la persona malversa más de $ 1,000, entonces podría enfrentar un máximo de diez años de prisión y hasta $ 250,000.

Todas las personas mencionadas en este artículo, tendrán la oportunidad en los tribunales de mostrar su no culpabilidad, privilegio que disfrutan bajo la presunción de inocencia.

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