Gobierno de PR justifica entrega de datos de migrantes sin estatus definido a autoridades federales

El gobierno de Puerto Rico justificó este jueves la entrega de información sobre inmigrantes sin estatus migratorio definido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), alegando que la acción responde al cumplimiento de un requerimiento legal emitido por autoridades federales.

La entrega fue realizada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), tras recibir una solicitud formal de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), unidad adscrita a ICE. Según se informó, el requerimiento se tramitó a través de un subpoena, un tipo de citación judicial que obliga a las agencias a colaborar con las autoridades federales dentro del marco legal establecido.

“Hay que cumplir con ese requerimiento porque ya hemos visto, y es de público conocimiento, las sanciones que han recibido algunos de los estados que se han negado a cooperar con políticas públicas de la administración actual del presidente Donald Trump. Así que nosotros, no tan solo por seguir el cumplimiento con la ley federal, que es entregar esa información cuando viene solicitada por los canales correctos en la forma de un ‘subpoena’, sino también que hemos querido cooperar con la política pública del presidente para asegurar que Puerto Rico mantenga el acceso a todos los fondos federales que Puerto Rico recibe”, dijo Hiram José Torres Montalvo, secretario general del Partido Nuevo Progresista

Durante los últimos cinco años, más de 5,000 inmigrantes sin estatus migratorio definido en Puerto Rico han obtenido su licencia de conducir, en virtud de la Ley 97 de 2013. La lista de estas personas fue solicitada por ICE a finales de enero, poco después del inicio del segundo mandato del expresidente Donald Trump, cuya administración reforzó las políticas migratorias y priorizó las deportaciones.

Aunque la entrega de esta información ha sido severamente criticada por sectores políticos y sociales, desde La Fortaleza se insistió en que Puerto Rico, como jurisdicción sujeta al cumplimiento del derecho federal, debe acatar este tipo de requerimientos para evitar posibles consecuencias legales o económicas.

Las autoridades aclararon además que el DTOP no mantiene acuerdos directos con agencias federales como ICE, y que cualquier entrega de datos solo se realiza mediante los canales legales correspondientes, en este caso a través de su División Legal.

La acción ha reavivado el debate sobre el manejo de datos sensibles por parte de agencias estatales y su relación con las políticas migratorias de Estados Unidos, en un contexto en que miles de personas en la isla se benefician de medidas que les permiten acceder a servicios como la licencia de conducir, a pesar de su estatus migratorio irregular.