Gobierno regularía empleo de los haitianos en construcción de obras

El Gobierno dominicano asumió una serie de compromisos en el Pacto Nación por la crisis de Haití que firmó este jueves junto a académicos y representantes de las organizaciones políticas, sin la presencia de los grandes partidos de oposición.

El presidente Luis Abinader firmó el documento con el que su administración se comprometió a organizar de manera integral la inmigración haitiana y la contratación de esa mano de obra. También a hacer reformas en la zona fronteriza para potenciar su desarrollo.

Uno de los artículos manda a «cesar a la brevedad posible y de manera ejemplar la contratación de mano de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley, en obras o actividades del Gobierno central, los organismos autónomos y descentralizados y de los municipios».

Para el ingreso de inmigrantes que sirvan de mano de obra se establece que el Consejo Nacional de Migración otorgue permisos, según cuotas de admisión anual por sectores de actividad.

Para eliminar la necesidad de estos trabajadores, manifestaron la intención de fomentar, con los sectores empresariales, la generación de compromisos de transformación productiva y la subsiguiente incorporación progresiva de la mano de obra dominicana en aquellos sectores donde se ha experimentado un proceso de desnacionalización de los mercados laborales.

El Gobierno se propuso reformular la norma de la Dirección General de Impuestos Internos (DGIl) para que las empresas presenten la nómina con los datos personales de los trabajadores y el monto pagado.

Las autoridades deberán intervenir para que los trabajadores haitianos en condición de legalidad gocen de los mismos derechos laborales que los dominicanos.

En este Pacto, el Estado asumió la tarea de «deportar, en los términos de las leyes 285-04 y 344-98 y con apego al debido proceso, a los extranjeros en situación migratoria contraria a la ley, sean estos desempleados o contratados en sectores de servicios no provistos de cuota de permanencia para extranjeros temporeros».

Además, se confiere al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a través de sus oficinas en todos los puntos fronterizos, la responsabilidad de constatar que en los procesos de deportación no estén incluidos menores de edad no acompañados.

El texto del documento insta a desarrollar un programa de control biométrico de nacionales extranjeros y manda al Ministerio de Relaciones Exteriores a modernizar la emisión de visas para lograr una mayor probidad en su emisión.

Cruzada internacional

En el Pacto por la crisis de Haití se establece, además, que la República Dominicana realice una cruzada internacionalpara motivar a los países del mundo a una acción a favor de Haití.

Para ello se plantea enviar misiones especiales al exterior dirigidas a lograr un mayor compromiso de la comunidad internacional y promover el apoyo de otros gobiernos para que ayuden a la sociedad y organizaciones intermedias haitianas.

También, «ofertar la construcción y operación de tres hospitales en Haití, incluida la formación de su personal gerencial, médico y auxiliar; además de otras obras estratégicas que impliquen aportes significativos para reducir así la insostenible presión actual sobre los servicios públicos dominicanos; e invitar, al mismo tiempo, a otros países a realizar cada uno inversiones similares y/o superiores al aporte dominicano.

Se consigna la intención de quienes elaboraron el documento de que República Dominicana invierta dinero en esos proyectos.

Frontera

Se fijaron acciones para gestionar un estricto control fronterizo, tales como supervisiones  tecnológicas desde la distancia; acompañar la valla fronteriza de dispositivos tecnológicos, evaluar el desempeño de los agentes civiles y militares que cuidan la zona y administrar un régimen de consecuencias para quienes participen en la organización de viajes ilegales.

También, cuidar, restaurar o reponer los bornes fronterizos desaparecidos o desplazados, instaurar la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolución, y evaluar el empleo de arcos detectores de armas, explosivos, municiones y componentes radiológicos y químicos.

Con el propósito de favorecer la prosperidad de las comunidades fronterizas, el  Gobierno deberá desarrollar planes, incluida una política salarial y un estatuto de servicio especial y diferenciado en favor de servidores públicos civiles, policiales y militares en dicha región.