Imponen medidas de coerción a dos hombres que vendían alcohol de fabricación ilegal en Villa Tapia
HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta jurisdicción logró que un juez de instrucción impusiera medidas de coerción a dos hombres que se dedicaban a la venta de bebidas de fabricación clandestina en diferentes establecimientos del municipio Villa Tapia.
La jueza Yudelka de León, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal, impuso presentación periódica contra Lino Etinie y Samo Sanyu, de nacionalidad haitiana, además de una garantía económica de 20 mil pesos a cada uno. También ordenó mantener bajo custodia de las autoridades la bebida retenida hasta tanto sea sometida a los análisis de rigor.
Según consta en la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público, los dos hombres fueron detenidos en flagrante delito, el pasado 14 de abril, en el sector identificado como El Barrio Haitiano, ubicado en el municipio Villa Tapia, pasadas las 11 de la noche, cuando se dedicaban a la venta clandestina de la bebida de fabricación ilegal.
Señala la instancia que el imputado Lino Etinie fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional, mientras vendía la bebida alcohólica en un colmado conocido como “Los Haitianos”, y tras registrar el lugar fueron encontrados 29 litros de alcohol de diferentes tamaños y presentaciones, con etiquetas marcas licoreras registradas del país.
Mientras que en el mismo sector fue apresado Samo Sanyu, a quien se le encontraron 56 litros de alcohol que vendía en un negocio conocido como “Alfredo”.
Los representantes del Ministerio Público otorgaron al caso la calificación jurídica de violación a la Ley 42-01, General de Salud, en su artículo 156; la Ley 243, General de Alcoholes, en sus artículos 50, 56, 66 y 68, y a la Ley 17-19, para la Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando de Productos.
El Ministerio Público señaló que continuará enfrentando de manera enérgica a todos los infractores de este tipo de acción ilegal, para evitar que en el país sigan muriendo ciudadanos a causa de los daños causados por las bebidas de fabricación clandestina.
