Informe 2022 sobre derechos humanos de EE.UU cuestiona fuertemente acciones del gobierno dominicano.
Nueva York: El Informe sobre Derechos Humanos 2022 de la República Dominicana emitido por el Departamento de Estado y divulgada por la Embajada Norteamericana considera que La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Migración dependen del Ministerio de Interior y Policía, pero en la práctica dependen directamente del presidente. La Autoridad de Seguridad Aeroportuaria, la Autoridad de Seguridad Portuaria y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza tienen algunas responsabilidades de seguridad nacional y dependen del Ministerio de Defensa y, a través de éste, del Presidente.
“La Dirección Nacional de Control de Drogas, que cuenta con personal tanto de la policía como de las fuerzas armadas, depende directamente del presidente, al igual que el Departamento Nacional de Investigaciones. La Dirección Nacional de Control de Drogas, el Departamento Nacional de Investigaciones y la Dirección Nacional de Migración tienen importantes responsabilidades de seguridad interna. La Dirección General de Prisiones depende de la Procuraduría General de la República. En general, las autoridades civiles mantuvieron control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Se recibieron informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron ciertos abusos”, establece el informe.
“Entre los problemas significativos de derechos humanos figuraban informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios cometidos por las fuerzas del orden público; tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes infligidos por la policía y otros agentes del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; detención arbitraria; injerencia arbitraria en la intimidad; corrupción grave por parte del gobierno; y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”, estipula.
“En algunos casos, el gobierno tomó medidas para procesar y castigar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley condujo en ocasiones a la impunidad”, señala textualmente el informe del Departamento de Estado de EE.UU.
El informe da cuenta del irrespeto a la integridad de las personas, y señala que en República Dominicana hay privación arbitraria de la vida y otros homicidios ilegítimos o por motivos políticos.
El reporte dice que el Departamento de Estado recibió varios informes según los cuales la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad del gobierno habían cometido homicidios arbitrarios o ilegítimos contra civiles. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 170 personas murieron a manos de la policía durante el año 2022. Aunque la Fiscalía General juzgó algunos casos destacados de abusos policiales, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos homicidios y abusos no se denunciaron debido a la falta de confianza de la población en que el gobierno investigara y presentara cargos, o por temor a represalias policiales.
Establece que se recibieron informes de homicidios y muertes inexplicables ocurridos durante operaciones de migración, que se ampliaron considerablemente en el segundo semestre del año. En noviembre, el periódico Hoy informó de la muerte de una ciudadana haitiana, Delouise Estimable, mientras se encontraba bajo custodia de la Dirección General de Migración (DGM). Los padres de la víctima alegaron que ésta había sido golpeada por agentes de migración y encerrada en un camión de detención antes de su muerte. No hubo indicios de que la DGM investigara el caso o tomara medidas para exigir responsabilidades a los agentes de migración.
En junio, el periódico Diario Libre informó que un grupo de siete individuos, entre ellos tres militares, mataron a un nacional haitiano e incendiaron ocho viviendas en el sector La Rosa, del sector Majagual, en una zona montañosa del municipio Galván, provincia Bahoruco, según el informe.
Un informe publicado por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), establece que en marzo, agentes de la DGM mataron a tiros a un joven haitiano en su casa e hirieron a otro durante una redada en una zona residencial de Las Matas de Farfán, provincia de San Juan, en la que se sospechaba que vivían inmigrantes haitianos indocumentados. El MST describió la operación, y otras realizadas a lo largo del año por la DGM, como plagadas de arbitrariedades, robos y abusos por parte de las autoridades de migración.
Desapariciones, c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y otros abusos conexos
Sobre estos tópicos, el Informe 2022 sobre derechos humanos en República Dominicana presentado por el Departamento de Estados de EE.UU, establece que No se recibieron denuncias de desapariciones por parte o en nombre de las autoridades gubernamentales. No obstante, aunque la ley prohíbe la tortura, los golpes y los malos tratos físicos, se recibieron informes de que miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno llevaban a cabo estas prácticas.
Describe que entre marzo y mayo del 2022, la muerte de tres personas, José Gregorio Custodio, Richard Báez y David de los Santos, mientras estaban bajo custodia policial reavivó el debate nacional sobre la reforma policial. Los policías implicados en los incidentes fueron suspendidos y entregados a la Fiscalía General para su enjuiciamiento. El Ministerio del Interior y de la Policía reconoció públicamente los casos y se comprometió de nuevo a poner en marcha iniciativas de reforma policial.
Organizaciones de la sociedad civil y otros observadores expresaron su preocupación por el trato severo y a menudo degradante que las autoridades migratorias dan a los migrantes haitianos indocumentados y a los apátridas de ascendencia haitiana durante las operaciones de detención y deportación de la DGM y en los centros de detención de la DGM, en particular en su centro de Haina. Entre los motivos de preocupación figuraban detenciones arbitrarias, malos tratos físicos a los detenidos, entradas en domicilios sin orden judicial, revocación o destrucción de documentos de identidad, robo de efectos personales por agentes de migración, reclusión de niños en celdas con adultos, violencia sexual, acceso inadecuado a atención médica durante todo el proceso de deportación, deportación ilegal de niños no acompañados y madres embarazadas o lactantes, y otros tratos hostiles o abusivos.
En agosto, el gobierno nombró a un nuevo director general de la DGM. Según observadores internacionales y de la sociedad civil, bajo la dirección del nuevo director general continuaron las prácticas y conductas problemáticas de los agentes de la DGM.
En septiembre, un ciudadano dominicano que fue detenido por agentes de migración bajo la presunción de que era haitiano, denunció que había sido golpeado repetidamente por agentes de migración para acallar sus protestas. Más tarde, una organización colaboradora consiguió liberarlo mientras estaba camino a la frontera para ser deportado, pero fue detenido de nuevo en un puesto de control militar cuando regresaba a casa. Al cabo de varios días, fue puesto en libertad gracias a la ayuda de un familiar y un abogado.
En noviembre, varios testigos informaron de que habían visto a agentes de migración golpear con palos a detenidos, entre ellos dos ciudadanos haitianos que recibieron golpes tan fuertes que quedaron inconscientes, hasta el punto de que fue necesaria la intervención de profesionales médicos de urgencias. En otro incidente, una ciudadana haitiana denunció haber sido golpeada durante su detención y posteriormente arrojada de un vehículo en marcha por agentes de migración como castigo por haber discutido con ellos. El incidente la dejó con heridas visibles en la cara que no fueron tratadas adecuadamente, lo que le provocó una infección. El gobierno no aportó pruebas de que se hubieran investigado seriamente las denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por funcionarios de migración ni de que hubiera revisado sus prácticas de detención.
En enero, el presidente Abinader creó la Comisión para la Transformación de la Policía Nacional, que él mismo presidió. La comisión estaba integrada por el ministro de la Presidencia, el ministro de Interior y Policía, representantes de la sociedad civil y un comisionado ejecutivo. La comisión se encargó de aplicar las recomendaciones del informe de diciembre del 2021 del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, que, entre otras recomendaciones, pedía la actualización de los protocolos policiales basados en la ética, el servicio a la ciudadanía y la protección de los derechos humanos.
La impunidad continuó siendo un problema dentro de las fuerzas del orden, especialmente en la Policía Nacional y la DGM. Organizaciones de la sociedad civil informaron de que la policía anunciaba investigaciones sobre denuncias de abusos, pero no compartía sistemáticamente los resultados públicamente. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que, en algunos casos, los agentes sospechosos de cometer abusos eran trasladados a otras partes del país para evitar ser castigados. El gobierno trabajó para abordar los problemas relacionados con la impunidad a través de programas de formación para agentes de policía, incluidos cursos especializados sobre derechos humanos, que fueron parte de sus cursos de formación continua. Los esfuerzos de reforma y capacitación del gobierno parecían limitarse a la Policía Nacional; no se encontró ninguna indicación de que el gobierno emprendiera esfuerzos similares respecto a la DGM.
