Informe desclasificado niega vínculo del Tren de Aragua con Maduro y desata la ira de la administración Trump

La controversia alrededor del informe revela un choque de fondo entre la evidencia presentada por la comunidad de inteligencia y la narrativa política de la Casa Blanca.
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Washington, DC: Un informe desclasificado por el Consejo Nacional de Inteligencia (NIC) en abril de 2025, que desvincula las acciones de la banda criminal Tren de Aragua (TDA) del gobierno de Nicolás Maduro Moros, ha desatado una tormenta política en Washington, provocando despidos en las altas esferas de inteligencia y acusaciones de manipulación institucional.

El documento contradice de manera frontal la narrativa sostenida por el presidente Donald Trump, quien había calificado al TDA como un “brazo armado del régimen de Maduro” para justificar deportaciones sumarias de migrantes venezolanos bajo la Alien Enemies Act, una ley de 1798 raramente aplicada en la historia de Estados Unidos.

El informe del NIC establece con claridad que no existe evidencia creíble de coordinación directa entre el régimen de Maduro y el Tren de Aragua (TDA).

“El régimen de Nicolás Maduro probablemente no coopera ni dirige al Tren de Aragua. El grupo criminal actúa de manera autónoma, sin órdenes del gobierno venezolano para operar en Estados Unidos”, señala el texto oficial.

El documento añade que, si bien en Venezuela existe un entorno permisivo que permite la expansión de estas bandas, el propio gobierno venezolano considera al TDA una amenaza a la seguridad nacional y ha lanzado operativos policiales en su contra.

Además, describe la estructura delictiva del TDA como descentralizada y atomizada, organizada en células pequeñas dedicadas a delitos como extorsión, secuestros, contrabando y trata de migrantes. “Esa estructura hace improbable una coordinación centralizada desde Caracas para operaciones internacionales”, concluye el informe.

División en la comunidad de inteligencia y choque con la política

De las 18 agencias que participaron en la evaluación, solo el FBI expresó una disidencia parcial, señalando que algunos funcionarios venezolanos de bajo nivel podrían haber facilitado la migración de miembros del TDA hacia Estados Unidos. Esta apreciación se basó en reportes propios y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El resto de las agencias coincidió en que no existe una política oficial ni directrices del régimen de Maduro hacia el TDA, lo que representa un consenso mayoritario en la comunidad de inteligencia.

La publicación del informe provocó una reacción inmediata dentro de la administración. La Directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, en ese momento, contradijo públicamente los hallazgos y afirmó que el Tren de Aragua “actuaba como brazo del régimen de Maduro”.

Poco después, correos electrónicos filtrados revelaron que el jefe de gabinete interino de Gabbard, Joe Kent, había presionado para reescribir el informe con el objetivo de proteger a la directora y al presidente Trump. “Necesitamos reescribirlo para que este documento no se use en contra de “Gabbard” o del presidente de los Estados Unidos”, escribió Kent al NIC, según reportó People en mayo de 2025.

La controversia escaló cuando varios altos funcionarios del NIC, responsables de la redacción del informe, fueron despedidos. Este hecho generó denuncias de politización de la inteligencia y abrió un debate en Washington sobre la independencia de las agencias frente a las presiones del poder ejecutivo.

El presidente Trump había invocado la Alien Enemies Act para deportar sumariamente a migrantes venezolanos sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua, bajo el argumento de que operaban bajo órdenes de Maduro.

Sin embargo, el informe desclasificado desmintió esa premisa, debilitando el sustento legal de la medida. Poco después, varios jueces federales (con agendas contraria a la de la administración Trump) aprovecharon y suspendieron dichas deportaciones, al considerar que los delitos atribuidos al TDA corresponden a crimen organizado común y no a actos de guerra ni a una invasión extranjera, como exige la ley de 1798.

La controversia alrededor del informe revela un choque de fondo entre la evidencia presentada por la comunidad de inteligencia y la narrativa política de la Casa Blanca.

Por un lado, los analistas del NIC concluyeron que el Tren de Aragua es un fenómeno delictivo transnacional autónomo; por el otro, la administración Trump intentó utilizarlo como justificación para endurecer políticas migratorias.

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