JCE ordena investigar si hay uso de recursos públicos en la campaña

El panorama electoral dio un nuevo giro a 13 días de las elecciones, tras el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) apoderar a la Unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones, de las denuncias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) del uso y abuso de los recursos del Estado en la campaña.

En comunicaciones remitidas a los delegados de los partidos, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, precisó que la decisión se adoptó a los fines de garantizar el debido proceso en el procedimiento administrativo sancionador electoral.

El PLD denunció vía la Secretaría General de la JCE, en fechas 11 y 30 de enero del presente año 2024, que el Gobierno central estaba favoreciendo a los candidatos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) haciendo uso de los recursos del Estado.

Como evidencias, Danilo Díaz y José Dantés, delegados del PLD, citaron que la vicepresidenta Raquel Peña entregó el Bono Navideño en el club de Pueblo Nuevo, Santiago, el 7 de diciembre del 2023, en cuyo acto estuvo el candidato a alcalde Ulises Rodríguez.

También, que el sábado 6 de enero, Tony Peña Guaba, coordinador de Políticas Sociales, desarrolló un operativo médico y entrega de juguetes en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, con la participación de Dío Astacio, candidato a alcalde en Santo Domingo Este.

Ese mismo día, en Consuelo, San Pedro de Macorís, Peña Guaba hizo lo mismo junto al alcalde Luis Gómez y la gobernadora Araceli Villanueva, candidatos a diputado y a senadora por el PRM, respectivamente.

Además, aducen que el día 9 de enero, Rolfi Rojas, director de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Barrial, entregó una iglesia en el municipio de Ramón Santana, en San Pedro, con la asistencia de la candidata a senadora. Un día después, el 10, la directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Enrique, despachó 15 camiones con raciones de alimentos para el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, los que habría distribuido entre los candidatos del PRM.

Fuerza del Pueblo

Mientras, Fuerza del Pueblo apeló a la JCE el pasado 31 de enero, solicitando al organismo adoptar como medida cautelar «la prohibición al candidato presidencial del PRM y presidente de la República, Luis Abinader, de participar en actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales de obras construidas por cualquiera de las entidades gubernamentales, durante el período oficial de la presente campaña».

Como muestra del uso de los recursos, presentaron la venta de boletos que realizaba el director general del Consejo Nacional de la Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Porfirio Peralta, alto dirigente perremeísta, quien tuvo que reconocer públicamente que era una rifa de un movimiento político promotor de la reelección del presidente Abinader a lo interno de la institución.

En la instancia, FP solicitó a la JCE denunciar ante la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales a las personas que han participado en la comisión de los crímenes o delitos electorales denunciados, tal y como lo establece el artículo 309 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral.

Restan importancia

A raíz de la denuncia en la Junta, desde el PRM, los miembros de la Dirección Nacional de la campaña municipal, Kevin Cruz y Víctor D´ Aza, restaron importancia a las denuncias, al expresar que los partidos de oposición se les fue el tiempo en resolver sus asuntos.

De la decisión del Pleno

«El Pleno de este órgano electoral ha adoptado la decisión de remitir la indicada denuncia por ante la unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones con ocasión de las infracciones administrativas electorales y medidas cautelares, a los fines de que se proceda, en el marco de sus facultades y atribuciones, a realizar las indagatorias e investigaciones que sean necesarias», refirió Jáquez Liranzo.

En la comunicación remitida a los delegados, la JCE recordó que aprobó el 3 de mayo de 2023, el Reglamento que crea el procedimiento administrativo sancionador electoral y puso en funcionamiento la Unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones para las infracciones administrativas electorales y medidas cautelares. Se hizo en cumplimiento de las leyes 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y 33-18 de Partidos Políticos. Una atribución de la unidad sancionadora es «darles curso a las denuncias depositadas ante la JCE respecto a la comisión de posibles infracciones administrativas electorales«.