Jean Alain convirtió Procuraduría en un antro del crimen entre 2016-2020
Santo Domingo, RD: Los fiscales que investigaron la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República han llegado a una conclusión fundamental: la institución pasó de perseguir el crimen a materializarlo a gran escala entre los años 2016 y 2020, describe el periódico dominicano, Listin Diario en este texto que reproducimos.
“La Procuraduría pasó a ser el centro de operación de la estructura criminal, transformando su misión en objetivo inverso: pasó de perseguir el crimen a materializarlos a gran escala”, dicen los fiscales que han levantado la “Operación Medusa”, una acción judicial sin precedentes dentro la institución.
Es la investigación de los fiscales contra una gestión de su propia institución. De sus propios compañeros de labores.
Y las acusaciones son tan variadas y rimbombantes como que en la Procuraduría, en su cuarto piso, funcionaba un comando político, que se activaba con mayor fuerza en periodos electorales internos del Partido de la Liberación Dominicana y en las elecciones generales del 2020. Que el sótano de la institución lo utilizaban para rellenar botellas plásticas con ron que posteriormente distribuían en actividades políticas y que incluso se desviaron fondos públicos para la construcción de fincas privadas.
O que crearon nominas ficticias para distraer fondos del presupuesto de la Procuraduría; que alquilaron vehículos para realizar servicios innecesarios, sobrevaluados y ficticios en algunos casos o que recibieron dinero de sobornos en bultos, llevados hasta la misma sede del Ministerio Público, en el Centro de los Héroes.
El centro de la acusación es Jean Alain Rodríguez, el procurador general durante los cuatro años de la segunda gestión de gobierno de Danilo Medina.
Rodríguez, de 46 años, fue previamente director del Centro de Exportaciones e Importaciones de República Dominicana, entre los años 2012-2016. Es miembro del comité central del Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó el país entre los años 2004 y 2020 de forma ininterrumpida.
En su contra pesa ahora una acusación de encabezar un entramado de corrupción que habría defraudado al Estado con unos 6 mil millones de pesos, según estimaciones preliminares de la investigación.
Junto a él hay otras 7 personas, entre funcionarios y proveedores del Estado, que según documentos depositados en corte se habrían confabulado para estafar la administración pública.
Una de las acusaciones que más peso tiene dentro del expediente es que, siempre basados en documentos de la investigación, habrían utilizado programas informáticos para espiar empleados de la institución. “Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorsionar y de tener informaciones privilegiadas”, indican los fiscales.
También que construyeron el principal centro penitenciario del denominado “Plan de Humanización” en terrenos que tenían propietarios, poniendo a la Procuraduría frente a reclamos constantes de ciudadanos que alegaban haber sido despojados de sus propiedades de manera irregular.
Por igual incluyen la distracción de fondos de la Agencia de Cooperación Española, que hizo un donativo para comprar equipos al Inacif, y que al observar el presupuesto gastado disparó las alarmas de ejecutivos de la delegación por el sobreprecio de hasta 4 veces de los insumos.
“Distrajeron fondos de una agencia de cooperación internacional, con lo que además de cometer un delito colocaron al país en una vergüenza internacional”, señalan los fiscales de la “Operación Medusa”.
Las acusaciones incluyen el supuesto borrado de informaciones en áreas sensitivas como Extradiciones, Bienes Incautados y Antecedentes Penales; se crearon empresas a través de testaferros “para ellos mismos venderle a la institución en franca violación a Ley de Compras y Contrataciones y lavado de activos”.
El legajo de acusaciones menciona que supuestamente se destruyeron evidencias en un gran operativo de trituración de materiales, en plena transición gubernamental, y que incineraron documentos del Ministerio Público sin dejar acta ni constancia de los procesos.
Y de regreso vuelven donde Jean Alain Rodríguez: “Montaron cuantiosa propaganda publicitaria para vender la imagen del Procurador General, con el objetivo de obtener créditos que no se sustentaban en indicadores de gestión…”.
Hoy debe comenzar el conocimiento de la medida de coerción contra el grupo que tiene a Rodríguez de actor principal y que es integrado por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte y Miguel José Moya.
Junto a ellos hay otras personas que según los fiscales también realizaban acciones fraudulentas y que en su momento serán llamados, imputados y sentados en los banquillos de la justicia.
