Juez designado para investigación a Gory Moya también conoce casos contra otros diputados
El Juez Napoleón Estévez Lavandier, designado juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia para conocer la investigación que realizará el Ministerio Público contra el diputado Sergio Mora (Gory), mencionado en la Operación Calamar, fue también asignado para velar por manejo de los casos que lleva el órgano acusador contra otros cuatro legisladores involucrados en hechos que riñen con la ley.
Las investigaciones en las que tiene participación Estévez y que se le sigue en Jurisdicción Privilegiada a tres legisladores del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a uno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), persiguen delitos que van desde vinculaciones a redes de narcotráfico hasta acusaciones de lavado de activo.
CASO GORY. El nombre del representante de la circunscripción tres del Distrito Nacional ante la Cámara Baja sonó con mayor estruendo, luego de que la procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, informara que se solicitaría a la SCJ un juez de la instrucción “para que inicie de manera formal Ia investigación en su contra”, luego de ser mencionado en el interrogatorio a Ramón Emilio Jiménez (a) Mimilo, uno de los colaboradores del MP en el caso Calamar.
Según la declaración, Moya formó parte durante unos ocho meses de “El Programa o El Proyecto”, una estructura bajo la cual se recaudaron decenas de millones de pesos con el cobro ilegal a los dueños de bancas deportivas y de lotería por parte de funcionarios de la Dirección de Casinos adscrita al Ministerio de Hacienda durante el pasado Gobierno.
CASO ROSA PILARTE. El seis de julio del 2021, el jurista fue nombrado por la Alta Corte como juez de instrucción especial en la investigación que está cursando la Procuraduría General de la República (PGR) a la diputada Rosa Amalia Pilarte López, vinculada a delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico y de ser parte a la red que supuestamente lideraba su esposo Miguel Arturo Florencio (Micky López).
La instancia sometida por el MP establece que Pilarte López se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico en la mencionada red y “no puede justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero”.
OPERACIÓN FALCON. Diciembre del año 2021 a Lavandier se le instruyó conocer el proceso de investigación contra los diputados Faustina Guerrero Cabrera, de El Seibo del PRM; Nelson Rafael Marmolejos Gil, de Santiago por el PRM, y Héctor Darío Féliz Féliz, de Pedernales por el PRD, por estar supuestamente vinculados a la red Falcón, una poderosa estructura a la que se le imputa haber movida al menos dos mil 500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones relacionadas a este negocio de por lo menos 10,000 millones de pesos.
El órgano estableció que la red operaba en la zona norte de República Dominicana, especialmente en Santiago, pero con ramificaciones en la región Este.
OTROS JUECES DESIGNADOS. En casos distintos otros jueces han sido designados para inspeccionar las pesquisas contra otros congresistas imputados por supuestamente haber violado la ley.
Tal es el caso de la jueza Vanessa Acosta, quien fue asignada al caso del diputado Gregorio Cabrera Domínguez Domínguez, acusado de desalojo y destrucción a la propiedad privada en la comunidad Punta Rucia, en Estero Hondo, en Puerto Plata.
Tras un año de haber iniciado la investigación en su contra, en octubre del pasado año la Segunda Sala Penal de la SCJ el congresista fue absuelto.
La magistrada Nancy Salcedo se encargó del seguimiento al caso del diputado Sadoky Duarte Suarez investigado por la agresión a una agente de la Policía Nacional.
Salcedo fue designada el 26 de octubre del año 2021.
En octubre del 2022 Duarte fue condenado a tres meses de prisión suspendida y al pago de una multa por RD$ 3,500, luego de ser hallado culpable de ultraje y violencia contra la autoridad pública en perjuicio la raso de la Policía Nacional, Disleidy Figueroa y el fiscal Francis Alberto Valerio Martínez.
El suceso tuvo lugar en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez en el año 2020.
