Juez Federal Impide el Despido Masivo de Empleados de Usaid por parte de la Administración Trump
En una decisión que marca un importante obstáculo para la agenda de austeridad de la administración Trump, un juez federal bloqueó el plan que preveía el despido de 2,200 empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). La resolución fue emitida por el magistrado Carl Nichols del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, quien escuchó las argumentaciones de la Administración republicana y de diversos grupos de trabajadores federales antes de tomar su decisión.
El plan de despido había sido programado para entrar en vigor justo antes de la medianoche, lo que generó gran preocupación entre los empleados de Usaid. Hasta ese momento, aproximadamente 500 de ellos ya habían comenzado el proceso para acogerse a la baja administrativa, una medida que les habría permitido salir de sus puestos de trabajo de forma anticipada. En total, el plan contemplaba reducir el número de empleados de la agencia, que actualmente cuenta con 10,000 trabajadores, a solo 290.
La intención de la administración Trump de llevar a cabo estos despidos fue presentada como parte de un esfuerzo más amplio para recortar el gasto en cooperación internacional. El senador Marco Rubio, un notable defensor de la política de suspensión de personal de Usaid, justificó estos despidos como un castigo por lo que consideró «insubordinación» por parte de los empleados.
Esta decisión del juez Nichols no solo protege a una considerable parte del personal de Usaid, sino que también subraya la importancia de preservar la integridad de las instituciones federales en momentos de cambios drásticos en las políticas públicas. Muchos trabajadores y defensores del servicio público habían expresado su preocupación por las implicaciones de estos despidos y el impacto que tendrían en la capacidad de la agencia para llevar a cabo su misión de asistencia internacional.
En un contexto donde los recortes de gastos han sido un tema candente en la agenda política, el fallo del juez representa un respiro importante para los defensores de una política de ayuda exterior sólida. El resultado de este caso puede sentar un precedente en otras iniciativas similares que buscan desmantelar programas de gran importancia social y humanitaria.
