Juez ordena al Gobierno de Trump repatriar a guatemalteco deportado de forma indebida
Un juez federal ha ordenado al gobierno del presidente Donald Trump que facilite el regreso a Estados Unidos de un ciudadano guatemalteco que fue deportado erróneamente a México en febrero, a pesar de haber manifestado su temor a ser víctima de violencia y tortura.
Este caso representa al menos la tercera ocasión en la que un tribunal exige al gobierno estadounidense la repatriación de un migrante expulsado de manera injusta.
El migrante, identificado en los documentos judiciales como “O. C. G.”, había solicitado asilo en EE.UU. en 2024, tras haber sufrido diversos episodios de violencia en Guatemala. En su trayecto hacia la frontera, fue secuestrado y violado en México, algo que relató ante un juez de inmigración, quien concluyó que no debía ser devuelto a su país.
No obstante, apenas dos días después de recibir protección migratoria, agentes lo subieron a un autobús rumbo a México sin permitirle contactar a su abogado ni explicar más sobre su situación. Una vez en México, fue deportado a Guatemala, donde ahora vive escondido y con temor, según los registros del caso.
El juez Brian Murphy determinó que el proceso de deportación violó los derechos de O. C. G., señalando que no se respetaron los procedimientos legales y que las autoridades ignoraron las solicitudes de ayuda del migrante. Además, recordó que no se puede enviar a una persona a un tercer país, como México, sin seguir los pasos requeridos.
Murphy destacó que O. C. G. no representa ninguna amenaza para la seguridad y describió el caso como una muestra del “horror banal” de una deportación mal gestionada, que dejó al solicitante en una situación de gran vulnerabilidad.
Este fallo se suma a otros recientes. Días antes, una corte de apelaciones rechazó una solicitud de la administración Trump para suspender una orden que obligaba a facilitar el regreso de un joven venezolano de 20 años, identificado como Cristian, quien fue deportado injustamente a El Salvador.
Cristian fue parte de un grupo de migrantes expulsados en marzo bajo una antigua ley de tiempos de guerra, usada por Trump para acelerar deportaciones, alegando supuestos vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, las autoridades no tomaron medidas reales para facilitar su retorno desde la prisión salvadoreña CECOT, donde fue recluido.
Un caso similar involucra a Kilmar Ábrego García, también deportado erróneamente a El Salvador, pese a una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión. La jueza Paula Xinis, a cargo de este caso, ha enfrentado obstrucciones por parte del Departamento de Justicia y de funcionarios de la administración Trump, quienes han dificultado la obtención de información sobre las acciones para garantizar su regreso.
