Juez TSA dictará sentencia recurso de amparo de El Faro Latino contra JCE
Santo Domingo, D.N: El juez Román Arturo Berroa Hiciano, presidente de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), se reservó el fallo respecto al recurso de amparo en cumplimiento interpuesto por el periódico El Faro Latino contra la Junta Central Electoral (JCE), por la negativa reiterada de este órgano a entregar información pública sobre los gastos de las elecciones dominicanas de 2024 en el exterior.
Durante la audiencia presencial celebrada el pasado 9 de abril, los representantes legales de la JCE solicitaron una prórroga para entregar la documentación requerida. La abogada de El Faro Latino, Dra. Fanny del Castillo, no se opuso a dicho pedido, y el juez fijó una nueva audiencia para este 28 de mayo 2024.
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- From left to right: Román Jáquez, president of the JCE, and Bueno Sepúlveda, director of the Dominican Vote Abroad.
En la audiencia virtual realizada hoy (28 de mayo), los abogados de la JCE sorprendieron al tribunal declarando que ya habían remitido la información solicitada, aunque sin cumplir con lo dispuesto por la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, según denunció El Faro Latino, calificando la postura del órgano electoral como una clara violación a dicha normativa.
Ante esta situación, la Dra. Del Castillo solicitó al tribunal acoger íntegramente las conclusiones contenidas en el recurso de amparo depositado el pasado 5 de marzo, el cual incluye la imposición de un astreinte de RD$50,000 por cada día de incumplimiento en la entrega de los datos requeridos.
El juez Berroa Hiciano decidió reservarse el fallo. Aunque la ley dominicana no impone un plazo específico para emitir la sentencia, el artículo 42 de la Ley No. 1494 establece que la decisión debe ser notificada a las partes involucradas y al Procurador General Administrativo en un plazo de cinco días hábiles desde su emisión.
La acción legal se originó el 21 de octubre de 2024, cuando El Faro Latino solicitó, a través del Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP), detalles sobre la gestión de fondos asignados a las oficinas de la JCE en el exterior (OSE) para las elecciones. Esta información es parte de una investigación periodística orientada a esclarecer posibles irregularidades denunciadas por miembros de la diáspora dominicana.
El Tribunal Superior Administrativo es competente para conocer conflictos entre los ciudadanos y la administración pública. En caso de vulneración del derecho de acceso a la información, el caso podría ser elevado al Tribunal Constitucional, medida que El Faro Latino ha anunciado adoptará si no se garantiza el acceso pleno a los datos solicitados.
