Junta Central Electoral se niega a entregar información financiera al Faro Latino sobre pagos a firma de abogados en USA
Por Esteban Cabrera
Santo Domingo, RD: La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana se ha valido de todos los recursos leguleyos y artimañas procesales para negar el derecho que tiene el periódico norteamericano, El Faro Latino, a través de la LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA No.200-04 acceder libremente a la información financiera sobre la contratación por parte de la Junta Central Electoral (JCE) de la oficina de abogados «Nicole R. Duclos Covington & Burling LLP.»
Específicamente los costos, viáticos y pagos o cualquier otros gastos de los recursos del estado dominicano a dicha oficina relacionados con la defensa de la JCE en el caso de una demanda civil que enfrenta ese órgano electoral en EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO ESTE DE PENNSYLVANIA incoada por el Dr. Yomare Polanco, tras un presunto fraude electoral y alegado desfalco financiero por más de 4 millones de dólares que afectó su candidatura a diputado de ultramar en la circunscripción #1 de Estados Unidos en las elecciones dominicanas en el exterior el 5 de julio de 2020.
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Desde esa fecha, el periódico El Faro Latino, tiene abierta una investigación que busca esclarecer todos estos actos ilícitos. En este caso específico, este periódico busca descartar el rumor público que circula en EE.UU sobre un presunto contrato de más de $6 millones de dólares (o su equivalente RD$325,800 millones de pesos dominicanos) que presuntamente envuelve el contrato entre la JCE y la oficina de abogados norteamericana, «Nicole R. Duclos Covington & Burling LLP.»
En fecha 27 de abril del 2023, el periódico El Faro Latino solicitó de la JCE todas las informaciones financieras relacionadas con el presunto contrato entre esta entidad y la oficina de abogados norteamericana «Nicole R. Duclos Covington & Burling LLP» a través del Portal Único de Libre Acceso a la Información Pública de la República Dominicana, acción que fue ignorada y absolutamente negada por la entidad.
Esa negación obligó al periódico El Faro Latino a realizar una Notificación en Mora el día 6 de julio de 2023 a través del Acto de Alguacil No.231/2023. mediante el que se notificó a la JCE una advertencia que daba 3 días francos para entregar al periódico las informaciones requeridas, plazo que venció el miércoles 12 de julio de 2023 a la 12 de la noche.
“En principio, la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública se negaba a recibir nuestra notificación y después de un tedioso proceso y cuatro rechazos de empleados presentes, finalmente una oficial se acercó preguntando qué estaba sucediendo y recibió el acto de alguacil, diciendo que ya había advertido que debieron prestar atención al requerimiento del periódico El Faro Latino antes de que se convirtiera en un problema grande”, dijo la representante legal del periódico El Faro Latino, Dra. Fanny Castillo.
Ver ambas notificaciones:
Informaciones no confirmadas por el periódico El Faro Latino de forma independiente que circulan en la ciudad de Nueva York, establecen que la JCE no está interesada en que el valor del contrato con la firma de abogados «Nicole R. Duclos Covington & Burling LLP», no sea de dominio público, es decir, que un manto oscuro lo rodea y podría estar afectado por falta de transparencia, razón por la que El Faro Latino lo está investigando.
El miércoles 12 de julio de 2023, la JCE envió una carta dirigida al periódico El Faro Latino y a su director, Esteban Cabrera, entregada en la oficina profesional de la abogada apoderada, Fanny Castillo Cedano, ubicada en C/ Miguel Ángel Monclus, No. 105, Torre Rosa Elida VI, Apto No. 2b, Mirador Norte, Distrito Nacional, República Dominicana, mediante la que niega el derecho al periódico de obtener informaciones sobre cómo la JCE se gasta el dinero del pueblo dominicano sin la debida transparencia a que la diáspora y la sociedad tienen todo el derecho de conocer.
En sus justificaciones para negar las informaciones financieras sobre la contratación de la oficina de abogados, «Nicole R. Duclos Covington & Burling LLP», el Pleno de la JCE acude al «Artículo 17, letra d de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04 y plantea: “La Junta Central Electoral, luego de analizar los términos de la indicada solicitud, así como también el tipo de información que se solicita, tenemos a bien establecer que, de conformidad con el artículo 17 letra d de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, se trata de informaciones sujetas a la cláusula de limitación al acceso en razón de intereses públicos preponderantes, cuyo texto legal refiere que:
«Artículo 17.- Se establecen con carácter taxativo las siguientes limitaciones y excepciones a la obligación de informar del Estado y de las instituciones indicadas en el Artículo 1 de la d) Cuando la entrega de dicha información pueda comprometer la estrategia procesal preparada por la administración en el trámite de una causa judicial o el deber de sigilo que debe guardar el abogado o el funcionario que ejerza la representación del Estado respecto de los intereses de su representación», termina la cita de la JCE.
Sin embargo, el periódico El Faro Latino no le está pidiendo a la JCE que revele cuál es la estrategia legal que va a usar para defenderse en EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO ESTE DE PENNSYLVANIA, ni sus argumentos ni otra información que comprometa el proceso como alega, sino que, lo que estamos pidiendo es que nos proporcione la cantidad de dinero que está pagando a los abogados para que la defiendan en ese proceso legal en EE. UU. Ese es un derecho inalienable de la prensa, de la diáspora y de la sociedad dominicana que ni la JCE, ni ningún funcionario que maneje recursos públicos puede negarse a entregar, desde luego, si en República Dominicana existiera un régimen de consecuencias y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Por esa misma razón el pasado pleno de la JCE desapareció casi $5 millones de dólares de los fondos electorales en el exterior en 2020 y no hubo consecuencias.
Ver copia de carta de la JCE:
