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La defensa pide una condena de 40 años para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

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La defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), pidió a la corte federal en Nueva York, donde será sentenciado el miércoles por narcotráfico, que imponga al exmandatario, que enfrenta hasta cadena perpetua, una condena de 40 años en prisión.

Su abogado Renato Stabile, asignado por el tribunal, propuso este sábado al juez Kevin Castel, de la corte federal para el distrito sur de Nueva York que preside este caso, una sentencia máxima de 40 años para su cliente.

«Hernández tiene 55 años así que una sentencia de 40 años equivalen a una vida«, afirmó en un extenso documento de 159 páginas, que va acompañado por una carta de Hernández al magistrado federal en la que reitera su inocencia y expone los «errores«, «fallos» e «injusticias» que considera se cometieron durante el proceso en su contra.

El pasado 8 de marzo Hernández fue declarado culpable de tres cargos de narcotráfico y armas por un jurado, tras un juicio que se extendió poco más de dos semanas.

La carta del abogado indica además que el tribunal no debería imponer a su cliente un «castigo adicional, por esa razón y también por su vida de arduo trabajo por el pueblo de Honduras«.

«Una condena de 40 años satisfará los objetivos de sentencia establecidos» en la guía de imposición de condenas.

Stabile reitera al juez Castel la inocencia de su cliente y enumera las razones en las que se basa, -que expuso durante el juicio-, entre ellas las declaraciones de narcotraficantes, que según el expresidente sólo querían vengarse por haberles perseguido y extraditado a EE.UU..

El abogado de Hernández recordó también que con su declaración contra el exmandatario estos testigos buscaban una reducción de la sentencia que cumplen en cárceles de EE.UU..

Asegura al juez que el expresidente hondureño seguirá adelante para «limpiar su nombre» en un juicio «constitucionalmente justo».

Por su parte, Hernández indicó al magistrado que decidirá su futuro que fue acusado y convicto «de manera injusta e indebidamente«.

Además, asegura que tanto él, como su familia y la soberanía de Honduras fueron objeto de atropello «por la conspiración» en su contra por grupos de crimen organizado.

«La investigación y el juicio en mi contra está repleto de errores, de injusticias que se han convertido en un linchamiento a través del sistema de justicia de este país», aseguró y acusó a fiscales y agentes de no haber hecho su trabajo de forma diligente para que se conociera la verdad.

Reiteró en su carta fallos que a su juicio fueron evidentes durante su proceso judicial entre los que menciona que la Fiscalía y la DEA no investigaron ni mencionaron que durante su término como presidente Honduras dejó de ser la ruta principal de la droga que llegaban de Sudamérica a México, con destino a EE.UU..

«Juez Castel, la verdad es que cuando fui presidente del Congreso nacional y luego presidente de la república, en Honduras se tomaron extraordinarias e históricas decisiones para reducir y parar el tráfico de drogas, así como la aprobación de la extradición, depuración de la policía, y la ley de protección del espacio aéreo, entre otras acciones que resultaron en la reducción de la violencia y criminalidad», reiteró.

Las cartas de Stabile y Hernández van acompañadas de amplia evidencia como artículos publicados en diversos medios sobre acciones tomadas bajo su Gobierno para combatir el narcotráfico, copia de documentos de la DEA sobre extradición de narcotraficantes hondureños bajo Hernández, fotos, entre otros, para apoyar su reclamo de inocencia.

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