La JCE dispone el cambio de 1,209 funcionarios de colegios electorales
Acogiendo una solicitud de los tres principales partidos mayoritarios de oposición, la Junta Central Electoral (JCE) decidió ayer, de manera formal, sustituir a 1,209 funcionarios de colegios electorales en todo el país.
La decisión está contenida en un informe firmado por el órgano electoral, en el que detalla que fueron sustituidos 640 presidentes, para un 42 % de esa posición. Asimismo, 569 secretarios electorales fueron cambiados para un 37.7 %. El dictamen impactó a 755 colegios electorales a nivel nacional.
La destitución responde a una comunicación incoada el pasado 10 de mayo por los partidos políticos mayoritarios de oposición: la Fuerza del Pueblo (FP); el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la que solicitaron la exclusión de 1,510 funcionarios electorales bajo el alegato de haber realizado mal su trabajo durante las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero.
Sobre esta resolución fueron notificadas las más de 40 organizaciones políticas, agrupaciones y movimientos políticos acreditados ante la JCE.
El presidente Román Andrés Jáquez Liranzo dispuso la difusión de la decisión, con todos los detalles, en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.
La JCE informó que los más de 83 mil funcionarios de colegios electorales ya han sido debidamente informadas y notificadas sobre su designación, por lo que, en cumplimiento al calendario electoral, este proceso ya ha concluido.
Cada persona seleccionada para sustituir a los excluidos funcionarios forma parte del banco de elegibles que tiene cada una de las Juntas Electorales en todo el territorio nacional como medida de contingencia, por lo que ya han sido debidamente formados.
Reacción partidos
El delegado suplente del Partido Fuerza del Pueblo (FP) ante la Junta Central Electoral (JCE), Javier Ubiera saludó la exclusión de los funcionarios de colegios electorales para la celebración de las próximas elecciones presidenciales y congresuales del domingo 19 de mayo, al manifestar que esta decisión evidencia que la oposición tenía razón en que estos actores incurrieron en faltas en los comicios municipales de febrero.
«Esto es una evidencia que la solicitud de exclusión de la oposición estaba bien fundada y que estas personas hicieron un mal trabajo en las elecciones municipales«, planteó Ubiera.
«Los nuevos funcionarios se toman del banco de elegibles, quiere decir que son personas que han sido capacitadas para ser miembros de colegios electorales, por lo que entendemos que tienen la formación correcta y deben hacer un buen trabajo», agregó.
El delegado de la FP aseguró que la JCE capacita el doble del personal que necesita, por lo que si hoy existen 18,297 colegios electorales, se capacitaron más de 36 mil ciudadanos para estas funciones.
Ubiera lamentó, sin embargo, que el director de la Policía Militar Electoral, general Juan José Otaño Jiménez, no haya sido sustituido.
La raíz del problema
El delegado político del PLD, Danilo Díaz, expresó que los funcionarios denunciados habían llenado las actas poniendo a votar a más electores en el voto del alcalde que en el de regidor, cuando fueron las mismas personas las que votaron en ese colegio, en las pasadas elecciones municipales.
Díaz sostuvo que la JCE tiene competencia para destituir a los funcionarios, y no especialmente tiene que dejar esas atribuciones a las 158 Juntas Electorales del país, por culpa de cualquier anomalía e irregularidad que pueda pasar en las próximas elecciones, al Pleno de la Junta Central Electoral, por la no destitución de los 301 funcionarios faltantes.
La Alta Corte ordenó que los expedientes serán ventilados en cámara de consejo o en audiencia pública según lo amerite el caso de que sea apoderada.
«Habilita los días sábados y domingos para conocer en cámara de consejo o en audiencia pública, según sea el caso, los expedientes de que sea apoderada esta Alta Corte en ocasión de los medios de impugnación generados a partir de la celebración de las Elecciones Ordinarias Generales de los Niveles Presidencial, Senatorial y de Diputados del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024) o de cualquier asunto relacionado con las citadas elecciones», señala el comunicado de prensa emitido por la entidad.
La corte dispuso que los expedientes que ingresen al Tribunal a partir del 19 de mayo del 2024, con ocasión de las apelaciones, impugnaciones, demandas y recursos contra las resoluciones dictadas por las Juntas Electorales y las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEES) sobre las Elecciones Ordinarias Generales de los Niveles Presidencial, Senatorial y de Diputados del 19 de mayo del 2024, o en todo caso las dictadas por la Junta Central Electoral (JCE), sean conocidos en cámara de consejo.
«Siempre respetando el debido proceso, el derecho de defensa y el contradictorio, sin perjuicio de la facultad de este Tribunal ante las particularidades de determinados casos, de conocerlos en audiencia pública», destacó.
La afectación a personas ligadas al sector privado a través de las operaciones fraudulentas establecidas por el Ministerio Público es lo que provoca que, por primera vez, en un caso de corrupción manejado por la actual gestión del organismo de persecución, más de 190 personas se han constituido formalmente como querellantes. Entre los querellantes figuran empresarios criollos y extranjeros, algunos de estos denunciaron la falsificación de sus firmas para la elaboración de documentos utilizados para la comisión de actos de corrupción.
