La Procuraduría inicia acusación contra red que movió más de RD$585 millones a través del sistema financiero.
LA VEGA.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de La Vega, acusó formalmente a Melvin Castillo Hernández, Angélica Inés Tejada Hernández y la empresa de fachada White Castle Real State SRL. Esta organización se dedica al comercio ilegal de bienes, defraudación fiscal y lavado de activos con sede en La Vega.
De acuerdo con la información publicada, Melvin Castillo Hernández fue detenido el 20 de enero de 2024 como resultado de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de La Vega, que lo relacionaba con el tráfico de bienes ilegales. El arresto se produjo después de un allanamiento llevado a cabo en el área del Estadio Olímpico en La Vega.
En el allanamiento, se ocuparon valrios productos ilícitos, incluyendo 112 aires acondicionados (nuevos), cientos de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, más de diez millones de pesos en efectivo, un arma de fuego, así como piezas y joyas de alto valor económico.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por su parte, activó a solicitud de la Fiscalía de La Vega, la investigación financiera, lo que permitió identificar que el acusado pasó de mover tres mil pesos en su cuenta a crecer de manera gigantesca entre 2022 y 2024, con movimientos ascendentes a RD$585,586,839.98, contabilizándose, adicionalmente, RD$46,958,927.32.
El expendiente indica que de igual manera utilizaba a su madre, la también imputada Angélica Inés Tejada Hernández, como prestanombre, quien según la fiscalía no puede justificar el «origen lícito de esta estrepitosa suma de dinero». Ambos constituyeron una empresa sin operatividad, de nombre White Castle Real Estate SRL.
La pasada semana, se practicaron un total de cinco incautaciones, destacándose la vivienda de tres niveles, donde se ocupó las mercancías ilícitas, el drink-colmado, además de otras propiedades que se valoran en unos veinticinco millones de pesos.
Se acusan a los imputados de violentar las disposiciones de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como la 17-19, sobre Tráfico Ilícito de Mercancías y la 168-21, sobre Contrabando en la República Dominicana, así como la Ley 11-92 de régimen tributario y la No. 183-02 Ley Monetaria y Financiera.
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, señalaron en un comunicado de prensa, que la acusación representa un firme compromiso contra la criminalidad organizada y que reúne las pruebas necesarias para individualizar y lograr una sanción ejemplar.
Comunicaron a la vez, que la investigación estuvo a cargo del procurador fiscal de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Claudio Alberto Cordero Jiménez.
