Las altas tasas de interés afectan el sector de la construcción en el país

La presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi), Annerys Meléndez, carga varias demandas en la agenda de esa entidad para las que espera respuesta gubernamental oportuna.

En la que más premura expresa, es en su pedido de una pronta reducción de la tasa de interés «altísimas» que, afirma, tiene un impacto significativo en la venta de viviendas, sobre todo en las de bajo costo.

Pero Meléndez también aboga por mayores facilidades para el sector, tanto con incentivos a la construcción de viviendas para alquiler, nuevo esquema de retención para poder llevar a los obreros del sector a la seguridad social y cambios en la propuesta de Ley de Alquileres que actualmente se discute en el Congreso, para que la pieza recoja las disposiciones por las que, por años, ha abogado Acoprovi.

«Las ventas ya se están viendo afectadas, definitivamente… la vivienda de bajo costo, por ejemplo, está muy afectada, porque es un segmento en el cual, cualquier aumento en la cuota que tú vayas a tener afecta la decisión de compra… Y eso es un círculo vicioso porque, los que ya habían comprado la devuelven y los que iban a tomar la decisión (de comprar) dicen que no», dijo durante una entrevista con Diario Libre.

Meléndez cita que en el mercado las tasas para crédito hipotecario rondan el 14 % y el 16 %, pero  la información de la Superintendencia de Bancos, la tasa mensual para crédito hipotecario es de 10.9 %.

La realidad que describe no se aprecia, sin embargo, en las estadísticas de créditos hipotecarios que reúne la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), que para el año 2022 registró 77,271 préstamos otorgados, por un monto de 191,075 millones de pesos. Para el año siguiente, la cantidad de préstamos subió a 86,637, por valor de 227,124.

Hasta mayo de este año, la ABA registra 88,827, por un monto de 235, 041 millones de pesos.

Fondos de pensiones para financiar viviendas de alquiler

La representante del sector construcción aspira a que el gobierno le de incentivos a la construcción de vivienda para alquiler, tales como financiar proyectos con recursos de los fondos de pensiones o tasas de interés especiales para el sector.

Meléndez parte de que, no todos los ciudadanos alcanzan a comprar una vivienda, y de que tener constructores con facilidades para desarrollar esta modalidad de renta, abarataría los costos.

Señala que actualmente, el mercado es dominado por particulares que tienen una segunda vivienda y trazan sus propias reglas.  Cree que con inversionistas a gran escala compitiendo en igual proporción en el mercado, se garantiza más estabilidad en precios y se logra más armonía en los condominios, pues, tendrían un solo dueño.

En el caso de los trabajadores de la construcción, a quienes se les paga por jornada diaria o destajo, y cuyo pago al mes, por lo regular, no alcanza el salario mínimo, Meléndez quiere que se cambie la forma de descuento para el pago de la seguridad social.

Sostiene que la Tesorería de la Seguridad Social hace una escala de descuento con base en el salario mínimo cotizable, obligando a empleadores y empleados a pagar una cuota mayor al monto pagado o percibido, respectivamente.  Señala que esos cobros suelen mermar en gran proporción los ingresos de los trabajadores, quienes prefieren no ser incluidos en la seguridad social para que no le cobren de más.

De la Ley de alquileres

Para la presidenta de Acoprovi, de aprobarse el anteproyecto de Ley de Alquileres que se estudia en la actualidad, se mantendrían muchos de los males que existen hoy, debido a la desactualización de la legislación actual.

Critica que en el anteproyecto no se contemple el término de contrato por mutuo acuerdo, como ocurre en materia civil.

Un punto que señala es que se agrega la figura de un fiscalizador como ente de conciliación, previo a que los conflictos entre propietarios e inquilinos lleguen a un juzgado de paz.  Esto, dice, aumentaría los tiempos para resolver los conflictos entre las partes, pues en caso de no conciliación, podrían pasar hasta dos meses antes de llegar a un tribunal.

También lo aumentaría la idea de que el juez de paz haga descenso en el lugar de desalojo, pues no podría hacerlo en tiempo oportuno por el cúmulo de casos que se puedan presentar en un juzgado.

«Siempre hemos estado a favor de que se actualice la ley de alquileres para favorecer un mercado de alquiler sano y que promueva precios asequibles de alquiler, pero si permanece como fue aprobado hace unos días, esa ley tendría un efecto nulo, definitivamente», exclama Meléndez.