Las empresas se ponen al día para exportar cacao a la Unión Europea bajo nuevas reglas

Las empresas dominicanas que exportan cacao hacia la Unión Europea han trabajado en el registro y ubicación satelital de las fincas con las que se suplen, con miras a estar listas para la entrada en vigor del Reglamento UE 2023/1115, que restringiría la entrada a este y otros seis frutos que carezcan de medios para demostrar que han sido producidos en tierras libres de deforestación.

«Casi todos los exportadores dominicanos estaban avisados y se han puesto a hacer ese trabajo con sus suplidores, de tal manera que, posiblemente, si no han terminado, van a estar bastante avanzados de aquí a diciembre», aseguró el presidente de la Confederación Nacional de Cacaocultores (Conacado), Isidoro de la Rosa.

Todos los operadores comerciales tendrán hasta el 30 de diciembre del 2024 para agotar estrategias de geolocalización, trazabilidad del fruto y registro de los productores, necesarios para evidenciar si la materia prima del chocolate se ha obtenido bajo prácticas sostenibles.

Es sobre ellos que recaerá «el peso del reglamento«, ya que deben presentar todas estas informaciones bajo una declaración de diligencia debida, precisa el jefe comercial de la misión de la Unión Europea en el país, Luis Araque de Juan, quien considera que hay que estar «optimistas» de que el sector cacaotero estará listo para esa fecha.

Con estas nuevas reglas, el conglomerado europeo busca comprometerse a reducir la deforestación de los bosques producto de la agropecuaria intensiva, lo que ha planteado un nuevo reto para el comercio internacional, que busca cómo cumplir con estos nuevos requisitos.

La República Dominicana cuenta con unas 40 empresas exportadoras de cacao.

Estas compañías han sido clave para el envío de poco más de 43,000 toneladas de cacao hacia la Unión Europea en lo que va de este 2024, una cantidad que Conacado afirma ha podido exportarse sin mayores inconvenientes y de manera más ágil, dada la alta demanda del cacao en el mundo.

Cómo va a funcionar

El artículo 3 del Reglamento 1115 establece que «no se introducirán en el mercado, comercializarán ni exportarán» materias primas y derivados de cacao, café, ganado bovino, palma aceitera, caucho, soya y madera.

Esto, a menos que demuestren estar libres de deforestación, que hayan sido producidos con la legislación pertinente del país de origen y que estén amparados por una declaración de diligencia debida.

Con esta normativa, la Unión Europea busca elevar los estándares comerciales conforme a los compromisos medioambientales asumidos, estudiando el cumplimiento del reglamento caso por caso.

«Nunca va a haber una prohibición de un producto a un país; (…). No estamos hablando de una declaración país ni de (exigir) un certificado que sirva para todo. Esto funcionará envío por envío, finca por finca», insistió Araque.

La ventaja del cacao dominicano

Se considerarán «libres de deforestación» todas las tierras que no hayan sido depredadas por la actividad humana después del 31 de diciembre del 2020, lo que podría suponer una ventaja para el cacao dominicano, un rubro tradicionalmente sembrado bajo la sombra de otros árboles.

«Por suerte, el cacao dominicano se produce bajo sistema agroforestal; es parte del bosque. Esto reduce los riesgos que pueda tener, y estamos entre los países de menor riesgo«, manifestó, tras agregar que por eso cree que el sector cacaotero podrá seguir exportando sin problemas después del 2025.

Contar con el listado de los productores que han aportado la materia prima en cada contenedor es, junto a la georreferenciación, algunas de las vías en que las empresas podrán evaluar el nivel de riesgo de su mercancía. «Si no hay problemas, pasa. Si hay problemas, se detiene», acotó.

Araque confirmó que la toma de imágenes satelitales (y su comparación en el tiempo) también sería un recurso válido para sustentar que las plantaciones de cacao dominicano están libres de degradación forestal.

El reglamento insta a los operadores a asegurarse de que sus mercancías mitiguen el riesgo de ser detenidas en los puertos europeos, tanto a través de la solicitud de información adicional, como a través de la ejecución de estudios o auditorías independientes.

La evaluación de riesgo deberá ser revisada cada año, y el registro de las declaraciones de diligencia debida debe ser mantenido durante cinco años a partir de la fecha de su presentación a los sistemas de información europeos, una medida que aplica tanto para los grandes operadores como para las pymes.