Legisladores niegan «acuerdo» entre el Gobierno y PLD en torno a variación de coerción en caso Antipulpo
Tras la variación de la medida de coerción de Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez, imputados de corrupción en el caso Antipulpo, legisladores de diversos partidos negaron este martes que existiera un tipo de acuerdo entre el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para este fin.
Los acusados de pertenecer a la presunta red de corrupción fueron funcionarios en la gestión del PLD.
Al tema se refirieron los diputados Gaddis Corporán, Gustavo Sánchez, Víctor Suárez y Pedro Martínez, al igual que los senadores Faride Raful y Franklin Romero.
El diputado del PLD, Gustavo Sánchez, indicó que la sociedad dominicana se suele confundir con los «rumores» y que en el caso Antipulpo lo que él juez hizo fue aplicar la ley.
«La medida de coerción cuando un caso es declarado complejo se le dan al Ministerio Público 18 meses para que presenten la acusación y ya estos inculpados tenían 21 meses, entonces el juez no puede dejar de aplicar la ley ni siquiera sujetos a interpretación», explicó Sánchez.
Agregó que «sin ánimo de que se declare culpable o inocente a nadie» la medida de coerción más extrema es la privación de libertad y en el caso de los implicados en el caso Antipulpo ya se había completado.
«El PLD no busca acuerdos con nadie, que se aplique la justicia y se cumpla el debido proceso. Señores, cuál es el tema si el presidente Danilo Medina y Luis Abinader se encontraron en un mortuorio y la gente ya está manipulando información», señaló el diputado peledeísta.
Aseguró que con la variación de una medida de coerción no se declara inocente o culpable a nadie.
En iguales términos se refirió Pedro Martínez, diputado de Alianza País, quien señaló que es normal que la sociedad reaccione con» incredulidad» ante la decisión del juez de cambiar la medida.
Martínez indicó que hay diversos tipos de medidas de coerción y en este caso el magistrado tomó la decisión de cambiar a otra.
«Hay que decir que el sistema de justicia dominicana adolece de mecanismos que garanticen la agilidad y eso va en contra de cualquier imputado, no solo en casos de corrupción al cual nosotros le tenemos el ojo muy bien puesto», dijo Martínez.
Explicó que en el caso de los implicados en el caso Antipulpo el problema no es del Ministerio Público, sino del sistema de justicia de la República Dominicana, ya que el caso tiene más de 20 meses y aún no inicia un juicio de fondo.
El también diputado peledeísta, Víctor Suárez, manifestó que era imposible que entre el PLD existiera un acuerdo con el Gobierno y que la variación de la medida se debió a que ya se cumplió el tiempo establecido.
«Yo creo que se está cumpliendo con esa decisión porque lo establece la norma, es decir, la excepción es la prisión preventiva y estás son personas que tienen su familia, domicilios conocidos y creo que se ha actuado con justicia, creo que la comunidad jurídica debe aplaudir este tipo de acción y esto no implica que pasó el caso», fue lo explicado por Suárez.
Agregó que: «El único acuerdo que tiene el PLD es salir fortalecido el 16 de octubre, tener un candidato y trabajar para sacar al PRM del gobierno; yo no sé cómo a una gente se le puede ocurrir que hay un acuerdo con el partido de gobierno con el que quiere sacarlo del gobierno».
Mientras que Gaddis Corporán, diputado del opositor partido PLD, dijo que el supuesto pacto del que hablan no tiene ningún asidero debido a que el gobierno del PRM “ha manifestado que existe una justicia independiente” y por lo tanto se le debe tomar la palabra en ese sentido.
Indico que al pueblo dominicano se le debe explicar que el hecho de que se le varié una coerción a un acusado no implica que la persona haya obtenido la libertad.
“El juez se acogió a la ley y la cumplió con su mandato. De hecho, se varía la medida de coerción por cuatro medidas más de las siete que están estipuladas en el Código Penal”, destacó Corporán.
Instó a las autoridades del Ministerio Publico a que se “enfoquen más en los procesos y le bajen al populismo judicial”, ya que la presunción de inocencia debe conservarse sin importar si es el imputado es de un partido político o no.
Perremeístas: no hay acuerdo con el PLD
Al respecto también se refirió el vocero del PRM en el Senado, Franklin Romero, quien aseguró que el acuerdo del que se está hablando «es un simple rumor» y que el proceso de la justicia permite cambiar una medida de coerción.
«Eso simplemente es un caso de justicia que no tiene nada que ver con la política», aseguró Romero.
Sostuvo que el hecho que se cambie la medida de coerción no afecta a ninguno de los casos que se están llevando en los tribunales sobre presunta corrupción.
De su lado, la senadora Faride Raful aseguró que no existe ningún acuerdo entre el PLD y el Gobierno y que el proceso judicial continuará ya que no se liberó a ninguno de los acusados.
«No se ha liberado a absolutamente nadie y el Ministerio Público seguirá trabajando y profundizando la investigación hasta que se llegue a juicio de fondo y se tenga la condena que se merece por los daños que se hizo al dinero público», dijo Raful.
Indicó que el cambio de la medida de coerción forma parte de los procesos que están establecidos en las leyes y es el proceso que se debe seguir.
«No están en libertad, están en prisión domiciliaria que es parte de una medida para que no se abstraigan del proceso de juicio de fondo. Ya tenían más de 18 meses en prisión preventiva y seguirán presos con impedimentos de salida»,sostuvo la senadora.
El diputado perremeísta Amado Díaz señaló que la variación a la medida de coerción de los implicados en el caso de corrupción procedía legalmente, ya que el plazo de la medida de coerción había vencido y es lo que dictamina la ley.
«Yo siempre he creído que se puede ir a un juicio en libertad» dijo Díaz.
Ayer lunes el juez Delby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso la variación a la medida de coerción de los imputados Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez, que era prisión preventiva, y la varió a arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico.
