Legislatura de San Juan busca evitar despidos por uso de cannabis medicinal
La Legislatura Municipal de San Juan presentó este miércoles legislación para evitar que empleados municipales o de empresas privadas que operan en este municipio sean despedidos, se les niegue un trabajo o sufran de discrimen por ser usuarios del cannabis medicinal o cualquier otra medicina prescrita de manera legal, informó el presidente de este cuerpo, Marcos Rigau.
Se trata de tres medidas legislativas radicadas con el apoyo de los miembros del Partido Popular Democrático (PPD), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) para intentar evitar que no se penalice a los trabajadores.
La primera de las ordenanzas establece que “ningún patrono dentro de los límites territoriales del municipio autónomo de San Juan podrá discriminar contra algún empleado o aspirante a empleo por razón de que utilice algún medicamento para el cual tiene prescripción y/o recomendación médica o autorización legal, ya sea en el proceso de reclutamiento, contratación, nombramiento, terminación o la imposición de cualquier acción disciplinaria en el empleo”.
La segunda ordenanza establece iguales términos, pero para los 6,000 empleados del municipio de San Juan. Se estipula que se prohíbe tomar acciones disciplinarias, así como rehusar empleo, traslado o ascenso a un trabajador que en una prueba de dopaje salga positivo al uso de un medicamento para el cual tiene prescripción médica o autorización legal para utilizarlo.
La última medida legislativa es una resolución en la que se “exhorta a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a los demás municipios a que adopten medidas similares a las propuestas por esta Legislatura Municipal de San Juan en cuanto a justicia social, laboral y de salubridad para proteger a la clase trabajadora del discrimen por razón de que utilicen algún medicamento para el cual tengan prescripción médica o autorización legal”.
En conferencia de prensa realizada en la Legislatura Municipal de San Juan, Rigau afirmó que lo que buscan en “actualizar las leyes para que las personas que están actuando legalmente no tengan consecuencias negativas”.
“Hoy en día en Puerto Rico el uso del cannabis como medicina son legales conforme a una reglamentación existente y hay personas que se certifican para utilizar medicina derivada del cannabis y hay médico que se han licenciado para recetar estos productos y se venden legalmente. Pues, para evitar que un paciente una persona que se le ha certificado para utilizar cannabis, que ha sido atendido por un doctor en medicina debidamente licenciado para recetar productos del cannabis y ha comprado productos legalmente distribuidos, pues que a estas personas no se les niegue un trabajo, porque todavía no se han actualizado las leyes en Puerto Rico”, precisó el abogado po
Como testigos de esta incongruencia, habló la portavoz del PIP en la Legislatura Municipal, Carmen Santiago. Esta reveló que es usuaria de cannabis medicinal por ser paciente de cáncer del seno.
Aunque la mujer no quiso precisar los problemas que ha tenido con su patrono, alegó que en muchos trabajos realizan pruebas de dopaje “injustificadas” como “cacería de brujas” para detectar a los usuarios del cannabis.
“Es una grave injusticia decidir entre conservar un empleo y un tratamiento médico”, afirmó.
Por otro lado, el presidente de la Legislatura Municipal aceptó que estas ordenanzas pudieran caer en unas “áreas grises” si se toma en cuenta que a los empleados federales les cobija las leyes de los Estados Unidos, en las que el uso del cannabis es ilegal.
Sin embargo, insistió en que la misión principal de evitar el discrimen en la ciudad capital prevalecería. Es que la víctima “tendría una causa de acción contra un patrono que discrimine” dentro de la jurisdicción de San Juan. Esa causa de acción sería una demanda civil, planteó Rigau.
“En vistas públicas estudiaremos qué multas o sanciones se pudiera tomar contra un patrono, pero más importante, lo que queremos evitar, es el discrimen”, sentenció.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, el doctor Rolance Chavier, comentó que actualmente unos 70,000 pacientes en la Isla están certificados por médicos para usar el cannabis medicinal. Dijo que entre las condiciones que sufren están el cáncer, epilepsia, migrañas o fibromialgia, enfermedades que podrían limitar a una persona a trabajar.
“Toman cannabis medicamente para poder rendir una labor y contribuir al país”, afirmó el galeno. “No puede haber una dicotomía, no está correcto que ese paciente que ya está certificado sea sancionado”.
Cabe destacar que las ordenanzas municipales establecen que estadísticas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción indican que el 75% de los usuarios del cannabis están en su edad productiva, entre los 21 a los 59 años.
“Basado a esta información, se estima que 15,000 personas activas en el mundo laboral podrían confrontar alguna situación por el uso del cannabis medicinal”, dicen las ordenanzas.
