Ley vigente no sanciona violación a topes asignados a candidatos
A propósito del financiamiento a los candidatos y candidatas en procesos electorales a nivel de precampaña y campaña, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, explico que la ley actual establece topes muy altos que no tienen ningún tipo de consecuencia a la hora de su violación.
“Por ejemplo, las informaciones que manejamos desde nuestra Dirección de Fiscalización es que prácticamente de los candidatos en las elecciones pasadas, fueron muy pocos los que rindieron informe con relación al tope”, reveló Jáquez Liranzo.
Ante esto, recordó que la propuesta de la JCE contempla en el caso de los topes, reducirlos en la precampaña en un 75 % y en la campaña a un 65 %.
“Por ejemplo, si fuese un candidato presidencial el tope sería en una precampaña, de aproximadamente unos 500 millones de pesos, nosotros proponemos reducirlo a unos 200 millones de pesos; pero también se reduce el tiempo de la campaña de 115 días a 60 días. Ya en la campaña proponemos 65 % de reducción, pasaría de 900 millones de pesos aproximadamente, a unos 400 millones de pesos”, explicó.
Ante la observación de si se presenta la oposición de los partidos en esta parte de la propuesta, Jáquez Liranzo recordó que hay una realidad y una doble partida destinada a los candidatos (financiamiento privado y público).
“Usted va a recibir fondos del Estado y estos son los gastos que hacen individualmente los candidatos y candidatas para su precampaña y campaña, que normalmente se agencian de esa contribución privada”, dijo.
Apuntó que esa fiscalización debe ser, según la propuesta de ley de la JCE, cada dos semanas a partir de la proclama con un registro y un software de contabilidad y de auditoría que debe ser estandarizado.
Señaló que incluso partidos políticos que han ido a la JCE han dicho ´nosotros estamos totalmente de acuerdo en ser fiscalizados´.
Sanciones que contempla la propuesta de la JCE
El presidente de la JCE explico que entre las sanciones en caso de que un candidato o candidata viole lo establecido a los topes de financiamiento, la propuesta que presenta el órgano comicial contempla multas e inhabilitación de la candidatura para el periodo vigente y también el próximo.
“El que no hace el reporte, que ojala sea digital, porque la documentación se borra normalmente… si no cumple con esto podría ser inhabilitada su candidatura al cargo de elección popular al que usted aspira con una multa de 100 a 200 salarios mínimos”, señaló.
Dijo que en la propuesta también se reduce la contribución individual que hace cada persona a los candidatos, que actualmente es de 1 % y se propone bajarla a un medio por ciento del tope individual.
“Es decir, porque todo dependerá de la circunscripción y de la cantidad de electores. Por ejemplo, actualmente en la circunscripción de Santiago para un candidato a diputado en precampaña son 14 millones de pesos y 25 millones para la campaña; nosotros proponemos que eso baje a 3 millones en la precampaña y en la campaña a 9 millones de pesos”, explicó.
Sobre la propuesta de que los partidos políticos puedan ser sujetos obligados en materia de lavado de activos, el magistrado Román Jáquez Liranzo, señaló que la propia ley establece que cuando un partido político recibe fondos ilícitos, sus miembros y sus cargos directivos puedan ser sometidos en base a la Ley de Lavado de Activos: “Eso lo dice la ley actualmente”.
“El Pleno no ha propuesto esto, ahora sí de manera particular en el2014 nosotros como decano hicimos esa propuesta de que los partidos pudieran ser sujetos de lavado de activos”, rememoró Jáquez Liranzo.
La Unidad de Fiscalización pasó a ser Dirección
En cuanto a la fiscalización de los recursos que reciben los partidos, Jáquez Liranzo señaló que en la ley vigente encontraron una Unidad de Fiscalización que a su vez dependía de la Dirección Financiera de la JCE que reportaba al Pleno.
“Nosotros inmediatamente llegamos a esa unidad le dimos categoría de Dirección y que despache directamente con el Pleno. Segundo, ahí mismo dijimos que esa unidad de fiscalización no podía exclusivamente solo fiscalizar el año electoral, sino cada mes de todos los años. Eso es con relación a financiamiento público”, explicó.
Manifestó que no hay un momento especificado en la ley, por lo que la JCE propone que sea un cuarto para los años no electorales y un medio para el año electoral, porque “eso transparenta la asignación que debe hacer el Estado a los partidos políticos”.
Al ser cuestionado sobre si la propuesta de modificación y adecuación no impacta la Constitución, el presidente de la Junta Central Electoral recordó que la propuesta de la JCE ha sido adecuada a sentencias del Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Superior Administrativo (TSA), sumado esto a “la visualización que como JCE tenemos y que entendemos va a fortalecer la democracia”, así como a informes de la OEA y de UNIORE.
“Yo particularmente estimo que la Constitución dominicana es rígida y que a veces hay que dejarla descansar”, puntualizó.
Ministerio Público Electoral no sea unidad especializada
Con relaciona al Ministerio Público Electoral, Jáquez Liranzo dijo que la JCE propone que no sea una unidad especializada que depende de otras direcciones porque no hay una independencia.
“Lo que proponemos es que ese fiscal electoral sea por concurso entre los procuradores adjuntos de carrera y de Corte de Apelación, que desde ahí salga el Ministerio Electoral”, explicó Jáquez Liranzo.
Dijo que para la selección de sus integrantes se contemplarán postulantes a nivel nacional para que representen el tema electoral en cada provincia y que se dediquen a la persecución e investigación de los crímenes electorales.
Sobre los plazos electorales, señaló que lo importante es que la ley sea clara y que se establezcan por ley las fechas, no por discreción de la JCE.
El déficit de recursos en la JCE es de un 65 %
Al ser cuestionado sobre los fondos con los que se maneja en la actualidad la JCE, Román Jáquez Liranzo señaló que es importante establecer que la institución heredó una solicitud de presupuesto para este año de unos 7,400 millones de pesos, que entendía era razonable, toda vez que la ley establece 1.5 del Presupuesto General del Estado que debe ser asignado al órgano comicial, que equivale a unos 15 mil millones de pesos.
“ Sin embargo de esos 7.400 se asignaron 3,200 millones de pesos, equivalente a un 44 % de lo solicitado, es decir que la JCE ha ido trabajando con un presupuesto reducido en un 65 %, lo que ha llevado a proyectar en este año 2021 hacia diciembre un déficit presupuestario de unos 720 millones de pesos”, dijo.
Explicó que esos recursos son para gastos operativos, entiéndase el consumo de energía, temas de alquiler, de mantenimiento de las edificaciones, temas del día a día, ya que la JCE tiene a nivel nacional e internacional más de 600 dependencias.
Recordó que hay 158 juntas electorales, 165 oficialías a nivel nacional y dieciséis OCLEE a nivel internacional, así como las 63 delegaciones en los distintos hospitales que funcionan para evitar el subregistro y, sumado a esto, decenas de oficinas administrativas.
“Es decir, que solamente en gastos operativos nosotros solicitamos para el presupuesto complementario 720 millones de pesos”, dijo el magistrado Jáquez Liranzo, quien señaló que inmediatamente llegaron proyectaron unos 18 proyectos que van a fortalecer el proceso que vive la Junta Central Electoral en sus dos grandes competencias: la identidad y los procesos electorales que abarca incluso los mecanismos popular como es el referéndum.
Dijo que en ese contexto para proyectos como el ETLA, reestructuración de las Juntas Electorales, lograr la certificación ISO en Ciberseguridad, en seguridad de la información, en calidad, así como la ISO Electoral, modificación y adecuación de infraestructura de oficialías y construcción de otras nuevas, proyectaron unos 1,200 millones de pesos y solicitaron como presupuesto complementario 2,300 millones, pero que lamentablemente no se aprobó.
“Nosotros estamos priorizando proyectos, no se descarta alguna línea de crédito que nos pueda hacer subsistir, porque la JCE no va a parar sus proyectos, nosotros tenemos como política la concretización de que las elecciones ya comenzaron, el 17 de agosto del año pasado comenzó el proceso electoral del 24, porque el ciclo electoral es inmediatamente”, dijo.
La frustración elecciones pasadas: ¿Cómo lo evitará la JCE?
Para garantizar que el proceso electoral sea confiable, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) dijo que lo primero que hizo la institución fue llegar a un acuerdo con IFES, una entidad reconocida por su legitimidad y apoyo a los procesos de integridad electoral que jugó un papel activo en las elecciones pasadas.
Además, destacó que la JCE suscribió un acuerdo con la OEA para lograr la certificación ISO en Ciberseguridad y seguridad de la información, lo que implica que en cualquier proceso de votación que elija la institución esta certificación ISO con estándares internacionales va a obligar a hacer simulacros y auditorias con la veeduría de los partidos y la sociedad civil.
“Por eso necesitamos 400 mil dólares que no tenemos para suscribir un acuerdo para la consultoría que la OEA nos facilita. Son cuatro certificaciones, esa de ciberseguridad y seguridad de la información”, enfatizó Jáquez Liranzo.
Sobre el modelo de las votaciones, el presidente de la JCE dijo que ese es un tema que hay que discutirlo con los partidos políticos.
“Buscaremos el método que más le convenga a la integridad electoral, pero yo creo que ahora hay otros elementos, nosotros no tocamos en la propuesta ese artículo en ese sentido”, dijo.
El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, ofreció estas informaciones este lunes en una entrevista concedida al programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9.
