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Libro “La cara rota de la diáspora vincula a Gicela Almonte y Sonia Lavandier a un presunto desfalco de US$140,543.00 en las OPREEs de Filadelfia y Reading, PA.

"Por todas estas razones, nuestra investigación concluye que las señoras Gicela Adela Almonte Francisco, encargada de la OPREE de Philadelphia, PA.,  y Sonia Marina Lavandier Taveras, encargada de la OPREE de Reading, Pennsylvania, deben ser vinculadas a una investigación más compleja realizada por la PEPCA por violación de los artículos: 59, 60, 265, 266, 267, 196, 404, 408, 166, 123, 124, 125, 126, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 184, 145, 174, 175, 197, 419, 427, 253, 177, 428, 430, 258 y 153 del Código Penal Dominicano, así́ como violación a la ley 712 de 1927, sobre sustracción y desfalco, por lo que se hace necesario que el ministerio público realice una exhaustiva investigación y posterior sometimiento a la justicia de estas funcionarias, si resultan ser justiciables".
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Pennsylvania: El periódico El Faro Latino, en sus 18 años de presencia desde sus albores en la ciudad de Filadelfia en 2004, ha realizado múltiples investigaciones de cierta envergadura, incluyendo las anomalías en el consulado dominicano de Philadelphia, PA., que dio al traste con su cierre, cuando el Departamento de Estado corroboró la veracidad de nuestra investigación y denuncias. Hemos creado un nombre sobrio, haciendo un periodismo ético y moral, apegado a la verdad y una independencia absoluta.

Esos principios nos obligan a mantenernos atados al máximo respeto a la dignidad de las personas a las que investigamos. En este caso, las señoras Gicela Adela Almonte Francisco y Sonia Marina Lavandier Taveras, encargadas de las OPREEs de Filadelfia y Reading, PA., respectivamente, a las que garantizamos un debido proceso ciñéndonos a lo que establece la constitución dominicana en su numeral 3 del artículo 69, sobre el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.

La suma de US$140,543.00 dólares a los que esta investigación ha perdido el rastro y los está considerando presuntamente desfalcados hasta tanto no aparezcan y sean debidamente identificados por las personas responsables de los presupuestos de las OPREEs de Filadelfia y Reading del estado de Pennsylvania. Ese número proviene de la suma de los siguientes valores:

  • US$37,900.00 dólares que presuntamente recibió la señora Gicela Adela Almonte Francisco del presupuesto complementario, entregado según un documento de la JCE, del lunes 22/6/2020 al viernes 26/2020, a través de transferencias bancarias.
  • US$4,286.00 dólares que presuntamente Almonte Francisco reportó como excedentes, de los cuales esta investigación no pudo comprobar que fueron devueltos a la JCE.
  • US$44,100.00 que presumiblemente recibió Sonia Marina Lavandier Taveras del presupuesto complementario, entregado según un documento de la JCE, del lunes 22/6/2020 al viernes 26/2020, a través de transferencias bancarias a la OPREE de Reading, PA.
  • US$28,382.00 dólares en pagos no sustentados, según auditoría forense de “DISLA DOÑÉ Y ASOCIADOS”.
  • US$25, 875.00 dólares desembolso no respaldado marcado con el No. 2020-1460-0088 a favor de la compañía GROWMAIL.COM.

La señora Gicela Adela Almonte Francisco continúa al frente de la OPREE de Filadelfia y Sonia Marina Lavandier Taveras en la de Reading, muy a pesar de que en el propio informe de la JCE se les considera personas que cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones como encargadas de estas OPREEs.

La presunta participación de la señora Gicela Almonte Francisco y Sonia Marina Lavandier Taveras en el colosal fraude electoral a la tercera diputación del diputado de ultramar

Almonte Francisco y Sonia Marina Lavandier Taveras de las OPREEs del estado de Pennsylvania, también están acusadas por la campaña del candidato a diputado de ultramar, Yomare Polanco de contaminar los resultados electorales en la modalidad del diputado de ultramar, vulnerando el derecho de los votantes de elegir y ser elegidos que tienen los miembros de la diáspora del estado Pennsylvania.

En nuestras investigaciones, hemos podido encontrar el común denominador de protección institucional para todas los funcionarios que presuntamente ayudaron al ex director del Voto de los Dominicanos en el Exterior, ing. Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme a ejecutar el presunto fraude electoral que afectó al Dr. Yomare Polanco, secuestrando, quemando y desapareciendo los votos nulos, que el Tribunal Superior Electoral (TSE) ya había ordenado recontar, mediante la sentencia # TSE-793-2020.

No es una casualidad que cada uno de las funcionarias de las OPREEs que participaron en ese presunto fraude electoral,  de una u otra forma,  podrían estar siendo protegidas en su puesto de trabajo, exceptuando a Yohanna Leonidas Tineo Estévez de Nueva Jersey, porque esta fue severamente impactada con el mega escándalo del desfalco económico al voto en el exterior y no pudieron calificar sus ofensas de primer grado, como hicieron con Gicela Adela Almonte Francisco ySonia Marina Lavandier Taveras, quienes  también cometieron presuntas faltas en el orden económico y electoral similares  que ameritaron  su desvinculación de la JCE, pero esto no sucedió, ni mucho menos las pasaron a la acción de la justicia.

Es importante aclarar que al no cumplir con la sentencia del TSE cambió los resultados de la tercera diputación, perjudicando al candidato que en realidad ganó esas elecciones, Dr. Yomare Polanco y otorgándole el triunfo a la candidata Kenia Bidó del PRM, quien es muy improbable que ganara esas elecciones y hoy el periódico El Faro Latino la considera la primera “diputada de facto” de la diáspora.

Golpe a los presupuestos económicos de las elecciones en Pennsylvania 

A medidas en que fuimos adentrándonos cada día más en los documentos que la Junta Central Electoral (JCE) entregó bajo la obligatoriedad de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública al periódico El Faro Latino, fuimos comprendiendo la complejidad de lo sucedido con los recursos económicos asignados para las elecciones dominicanas del 20 de julio del 2020 en el estado de Pennsylvania.

Cuando nuestra investigación fue agregando elementos nuevos y ampliando nuestras fuentes, nos fuimos percatando de que alguien grande dentro de la Junta Central Electoral (JCE) o el nuevo Pleno presidido por el magistrado Román Jáquez Lizardo podría estar encubriendo a estas funcionarias por razones que desconocemos. Las señoras Gicela Adela Almonte Francisco y Sonia Marina Lavandier Taveras, se colocaron al frente de todos los titulares de la prensa de la diáspora cuando salió a relucir que Pennsylvania fue el segundo estado en donde las OPREEs, presuntamente, se hicieron cómplices, no solo de un presunto desfalco económico, sino también de un posible fraude electoral a la tercera diputación de ultramar. A pesar de todo ello, estas funcionarias siguen en sus oficinas.

La JCE nunca nos reportó un aumento al presupuesto aprobado para las OPREEs de Estados Unidos y Latinoamérica de US$ 1,407,300.00 dólares. Que inexplicablemente fue solicitado por el exdirector del Voto Dominicano en el Exterior Cruz Herasme y aprobado por el expresidente de la JCE, Castaños Guzmán. La información sobre el particular  establece que ese organismo nos había reportado tras nuestro requerimiento a través de la Ley de Libre Acceso a la Información fue que el presupuesto electoral era de US$2,669,262.64 dólares. (Ver recibido de aumento de presupuestos):

Visto de este modo, el verdadero presupuesto para ambas Circunscripciones entonces se elevó a US$4,076,562.64 dólares. Esto debió generar un informe transparente y público de la JCE especificando cómo este significativo aumento estaba impactando a cada OPREE. En este caso, las OPREEs de Philadelphia y Reading del estado de Pennsylvania, pero esto no sucedió, así que ignoramos dónde se fueron estos recursos, lo que será una tarea para realizar por los fiscales de la PEPCA en República Dominicana, cuando se apoderen de la investigación.

No obstante, cuando profundizamos en los hallazgos de la OPREE de Filadelfia, nos percatamos de que ya habíamos perdido nuestra capacidad de espanto y asombro. Una fuente de procedencia irrefutable, que pidió el anonimato para preservar su “statu quo” dentro de la Junta Central Electoral (JCE) en República Dominicana, nos filtró copias fidedignas de un reporte no revelado por el pasado Pleno de ese órgano y oculto por el nuevo en donde se refleja una información perturbadora sobre un dinero adicional que había sido aprobada en las elecciones por el astronómico monto de en US$1,799.447.26 dólares  de lo que se identificó como el “presupuesto complementario”, que debió ser utilizado para cubrir los gastos de todas las OCLEEs el día de las elecciones.

Según esta última revelación, los presupuestos conocidos para las OPREEs de Pennsylvania quedaron alterados por cantidades superiores a las reportadas, lo que da lugar a suponer que el presunto desfalco en estas oficinas fue mucho mayor de lo que creímos a principio de nuestra investigación.

Estos nuevos hallazgos filtrados de la JCE a nuestra investigación establecen que la OPREEs de Filadelfia y la señora Gicela Adela Almonte Francisco recibió un supuesto incremento por este concepto de US$37,900.00 dólares y la señora Sonia Marina Lavandier Taveras de la Oficina de Reading, PA. recibió otro supuesto incremento por este concepto de US$44,100.00 dólares cuyo paradero se desconoce hasta el momento.  (Ver recuadro del presupuesto suplementario para las OPREEs de Filadelfia y Reading, Pennsylvania):

Estos presupuestos no aparecen en ningún reporte de ingresos o gastos de las OPREEs de Pennsylvania. ¿Por qué las señoras Gicela Adela Almonte Francisco y Sonia Marina Lavandier Taveras no pagaron a esos funcionarios con el dinero que la JCE dice que le entregó del presupuesto complementario? ¿Dónde está ese dinero? Tomen nota: Más trabajo para los fiscales de la PEPCA.

El día 11 de marzo de 2020, siendo las 4;00 PM, el Ing. Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme, director del Voto Dominicano en el Exterior, actualmente suspendido bajo investigación, realizó una notificación de pago mediante el Email: notificaciondepago@jce.do enviado a la OPREE de Filadelfia, con atención a la señora Gicela Adela Almonte Francisco, informando del pago realizado vía transferencia electrónica y acreditado a la cuenta terminada en ****05-4, por un presunto monto de US$84,040.43. Siempre de acuerdo con lo que reza textualmente el documento, este monto es el avance del 60% del monto total presumiblemente aprobado por la JCE de US$146,739.05 realizado a favor de la encargada, quien tiene la responsabilidad de someterse al proceso de liquidación de fondos y rendición de cuentas, establecido por la institución. (Ver transferencia):

Luego, la señora Gicela Adela Almonte Francisco, el martes 2 de junio, 2020, siendo las 12:46pm, recibe otra transferencia por la misma vía y número de cuenta consignado más arriba, también enviada por el ing. Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme, esta vez por el supuesto monto de US$58,698.62 dólares correspondiente al restante 40% del presupuesto asignado para cubrir los gastos de las elecciones del 5 julio en el estado de Pennsylvania. (Ver transferencia):

Según un reporte de una auditoría forense independiente ejecutada por la firma de auditores privada “DISLA DONE Y ASOCIADOS” contratada por el periódico El Faro Latino, la señora Gicela Adela Almonte Francisco manejó los recursos de la JCE como si fueran de su propiedad. No guardó el menor respeto por los procedimientos y reglamentos internos de la JCE para el manejo de los presupuestos.

Por ejemplo: Supuestamente pagó la suma de US$28,382.00 dólares sin ningún sustento, de igual modo, no existen evidencias de que esta funcionaria devolvió US$4,886,33 que reportó como excedentes y que debió regresar a una cuenta de la JCE en República Dominicana, siempre de acuerdo con la citada auditoría forense.

Gicela Adela Almonte Francisco, presuntamente, participó en lo que pudo ser una triangulación orquestada por Cruz Herasme en unos pagos  presumiblemente fraudulentos a la compañía GROWMAIL.COM a la que le realizó un supuesto desembolso marcado con el No. 2020-1460-0088 por un monto de US$25, 875.00 dólares el cual registró con la factura de esa empresa por un valor de US$146, 827.33. Presuntamente pudieron intentar simular que, entre las OPREEs de Nueva York, Nueva Jersey y la de Filadelfia se habían repartido el pago de US$146, 827. 33 dólares para el envío de cartas a los electores; cartas que, dicho sea de paso, no pudimos encontrar evidencias de que los electores las recibieron por correo físico. Tampoco Gicela Adela Almonte Francisco tenía autorización escrita que especificara la cantidad a pagar por la OPREE de Filadelfia, sino que, según se ve, este valor pudo ser arreglado probablemente  entre  Gicela Adela Almonte Francisco y el señor Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme a través de  posibles acuerdos verbales y una orden expresa a Yohanna Leonidas Tineo Estévez de la OPREE de Nueva Jersey para que retuviera dicho valor del 60% del presupuesto administrativo, razón por la que, supuestamente, Gicela Adela Almonte Francisco  no tenía detalles del proceso de selección del suplidor, lo podría convertirse en una posible colusión entre funcionarios públicos para ejecutar un presunto desfalco a los fondos electorales. Luego, Almonte Francisco, intentó justificar esa operación financiera presentando documentos con respaldos alterados, según la propia auditoría de la comisión de la JCE.

Según la auditoría de la comisan de la JCE, Gicela Adela Almonte Francisco, realizó presuntos desembolsos por miles de dólares por concepto de suministro de combustible que no poseían ningún detalle del uso dado y solo dicen: “diligencias electorales”.

Asimismo, la comisión identificó desembolsos por concepto de refrigerios que no estaban soportados por copias de facturas, no identifican las cantidades servidas ni la identificación de los suplidores.

Otro desorden o “caos controlado” lo constituyeron los pagos de dietas que presuntamente realizó Almonte Francisco a los funcionarios de los Colegios Electorales, según la investigación de la comisión de la JCE, en los que se observó que los recibos utilizados no poseían las firmas de quien recibió el efectivo. Se pudo comprobar la existencia de falencias y debilidades en su labor gerencial, incumplió con los protocolos, los instructivos y los lineamientos trazados por la JCE para la gestión administrativa de las OPREEs, según la auditoría de la comisión de la JCE.

A continuación, reproducimos textualmente el reporte de algunos de los hallazgos que la comisión de la JCE encontró en la administración de la señora Gicela Adela Almonte Francisco:

1-    Los desembolsos por concepto de suministro de combustible no poseían el detalle del uso dado, solo especificaba “diligencias electorales”.

2-    Se identificaron desembolsos por concepto de refrigerios que estaban soportados por copias de facturas sin especificar las cantidades servidas y la identificación de los suplidores.

3-    En el pago de la dieta a los funcionarios de los colegios electorales, se observaron que las constancias utilizadas no poseían las firmas de quien recibió el efectivo. No obstante, Almonte Francisco informó que no se percató de la falta de firma y que los de la OCLEE constataron que los colegios estaban completos y que el “efectivo fue pagado”. Es decir, no hubo ningún control del dinero que se pagaba.

4-    El efectivo para la organización del proceso en la OPREE de Reading fue incluido en el presupuesto de Filadelfia, quien lo entregó a dicha encargada, sin que existiera autorización para tales fines.

Presunta participación de Sonia Marina Lavandier Taveras, encargada de la OPREE de Reading, PA en los escándalos económicos 

A esta investigación le llamó poderosamente la atención que en los documentos que la JCE entregó al periódico El Faro Latino, no aparecen documentación de cómo se manejaron los presupuestos de la OPREE de Reading, PA. No sabemos si los omitieron apropósito o cual es la razón de que no aparecen esos documentos iniciales. Sin embargo, según los resultados de la auditoría interna, en esta OPREE también estuvieron presentes muchas de las falencias y malas practicas administrativas. Siempre de acuerdo con ese informe, el tema de las constancias de pago a los funcionarios de los colegios electorales carecía de firmas en señal de recibido, la encargada de la OPREE de Reading, señora Sonia Marina Lavandier Taveras, informó que, “al momento de recibir las valijas, no se asignó un personal para realizar esa labor”.

Ahora, hay otra investigación en curso sobre otras operaciones irregulares para la organización del proceso en la OPREE de Reading, PA. Porque fue incluido en el presupuesto de Filadelfia, no se sabe con cuáles propósitos. Según el informe de la comisión de la JCE, supuestamente Gicela Adela Almonte Francisco se lo entregó a la señora Sonia Marina Lavandier Taveras encargada de la OPREE de Reading, PA., sin contar con ninguna autorización para tales fines.

¿Los macos se juntaron con las cacatas entre las OPREEs de Reading y Filadelfia del estado de Pennsylvania?  ¿Porqué razón se auditan juntas estas OPREEs? La responsabilidad cae directamente sobre ambas funcionarias. De este modo, la comisión de la JCE que realizó la auditoría interna, en cuanto al grado de responsabilidad de la señora Sonia Marina Lavandier Taveras, encargada de la OPREE de Reading, PA., determinó lo siguiente:

1-    Se realizaron desembolsos que no se les hicieron la retención del 10% por honorarios profesionales.

2-    Fueron realizadas compras de materiales y mobiliario de oficina, sin que existiera una autorización escrita. Tampoco una notificación para el registro en el sistema de activo fijo de la institución.

3-    Fueron realizados pagos al personal que trabajó en el cómputo electoral, por  montos no autorizados, por encima del establecido por la institución.

4-    Los pagos realizados al instructor que impartió los talleres de capacitación no poseen todos los reportes de asistencia a los cursillos de capacitación electoral, firmado y sellado, de 21 talleres impartidos, solo poseen soportes 14.

Todos estos presuntos ilícitos pudieron haber creado las condiciones para un presunto desfalco de los recursos de las OPREEs del estado de Pennsylvania. 

A pesar de que la comisión que analizó la gestión de la señora Gicela Adela Almonte Francisco y la señora Sonia Marina Lavandier Taveras,  determinó que las acciones y labores realizadas por estas funcionarias como encargadas de las OPREEs de Philadelphia y Reading, PA.,  configuran faltas graves de “primer grado” al tenor de lo dispuesto por el artículo 24 numeral 1 del reglamento que rige las relaciones laborales de los funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral (JCE) y por lo tanto la comisión recomendó las medidas que se indican en la parte dispositiva del informe, en el que se detectaron falencias, irregularidades y debilidades en su labor gerencial, que incumplieron con los protocolos, los instructivos y los lineamientos trazados por la JCE para la gestión administrativa de las OPREEs.

A pesar de que la auditoría forense de “DISLA DOÑÉ Y ASOCIADOS”, que analizó las operaciones de estas funcionarias en las elecciones y encontró serias irregularidades y recomendó que sean tramitadas a una investigación judicial más amplia, juntamente con los demás encargados de OPREEs.

A pesar de que Gicela Adela Almonte Francisco y señora Sonia Marina Lavandier Taveras tuvieron una presunta actuación activa y protagónica en el fraude electoral y desacato a la sentencia TSE-793-2020 del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ordenó un reconteo de los votos nulos.

A pesar de todo lo antes descrito, esa comisión tipificó los presuntos  ilícitos  de Gicela Adela Almonte Francisco, encargada de la OPREE de Filadelfia y de la señora Sonia Marina Lavandier de la OPREE de Reading, Pennsylvania, como que incurrieron en faltas de “primer grado”, lo que se ha interpretado  como una acción probablemente protectora en beneficio de estas dos funcionarias, porque en realidad las  presuntas faltas graves en que incurrieron son de tercer grado,  que conllevan su desvinculación inmediata de la JCE con posibles consecuencias penales por haber incurrido  y colaborado en un presunto desfalco económico de los recursos que se les confiaron y ser posibles cómplices de un fraude electoral que afectó la composición legislativa en contraposición a lo que la diáspora había decido en las urnas, a lo que no tiene derecho nadie.

Visto que la JCE las mantiene en el ejercicio de sus funciones en las mismas oficinas, en donde podrían estar entorpeciendo las investigaciones y presuntamente borrando evidencias, para salvarse ellas y sus posibles mentores, Cruz Herasme y Castaños Guzmán, entre otros dentro de la JCE. Por todas estas razones, nuestra investigación concluye que las señoras Gicela Adela Almonte Francisco, encargada de la OPREE de Philadelphia, PA.,  y Sonia Marina Lavandier Taveras, encargada de la OPREE de Reading, Pennsylvania, deben ser vinculadas a una investigación más compleja realizada por la PEPCA por violación de los artículos: 59, 60, 265, 266, 267, 196, 404, 408, 166, 123, 124, 125, 126, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 184, 145, 174, 175, 197, 419, 427, 253, 177, 428, 430, 258 y 153 del Código Penal Dominicano, así́ como violación a la ley 712 de 1927, sobre sustracción y desfalco, por lo que se hace necesario que el ministerio público realice una exhaustiva investigación y posterior sometimiento a la justicia de estas funcionarias, si resultan ser justiciables.

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