Llevan a El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos por hacer parir a una mujer feto sin cerebro
El caso de Beatriz, una mujer salvadoreña a quien se le negó la interrupción del embarazo, aun cuando su vida corría peligro y el feto no tenía cerebro, será este miércoles uno de los primeros en la historia que analice la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el aborto en América Latina.
Beatriz era originaria de Jiquilisco, El Salvador, una zona de pobreza extrema. Tras su primer embarazo, en 2011, los médicos le informaron que sufría lupus. Su parto se complicó debido a una preeclampsia. Su bebé debió pasar 38 días internado.
En febrero de 2013, supo que estaba embarazada de nuevo. Desde el inicio le dijeron que era de alto riesgo. El 7 de marzo de ese año, supo que el feto sufría anencefalia: no tenía corteza cerebral ni cráneo, ni esperanza alguna de sobrevivir.
Y ahí empezó su pesadilla.
Beatriz era ciudadana de uno de los países de América Latina que prohíbe el aborto en todas las situaciones sin excepción alguna. Ni cuando suponga un riesgo para la vida de la madre ni cuando el feto tiene cero probabilidades de sobrevivir.
Los otros cuatro son Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.
En 2013, su caso ganó atención y llevó a varias organizaciones a pedir que la justicia salvadoreña le concediera un amparo que salvara su vida. El tema llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la mano de los abogados de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico de El Salvador, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), IPAS y la Colectiva Feminista, que hoy representan su caso ante la CIDH.
Nadie la escuchó. Ni siquiera cuando 15 médicos presentaron evidencias científicas sobre el riesgo que implicaba para su vida el seguir adelante con un embarazo de alto riesgo y sin esperanza para el feto.
Las autoridades de su país no solo no respondieron: le prohibieron salir del hospital con tal de garantizar que siguiera adelante con el embarazo.
“No podía ni ver a su hijo”, recuerda María Antonieta Alcalde, directora de IPAS, en entrevista con Univision Noticias.
Pasaron 81 días. Beatriz, lejos de su familia, finalmente dio a luz a un feto anencefálico que apenas sobrevivió cinco horas.
Su salud física y mental nunca volvió a ser la misma. Falleció en 2017 tras sufrir un accidente de motocicleta. Pero, para las organizaciones que hoy presentan su caso en la CIDH, el responsable de minar su suerte no estuvo en una carretera.
“Beatriz sufrió una tortura a manos del Estado”, dice María Antonieta Alcalde.
“Hay muchas Beatrices”
El caso que decidirá la CIDH tiene eco en El Salvador, pero también en toda la región, coincidieron en una rueda de prensa ofrecida la mañana de este martes en San José, Costa Rica, transmitida en línea.
Angélica Rivas, de la Colectiva Feminista de El Salvador, explicó: “Esta es una oportunidad para dejar sin efecto esta legislación y establecer políticas públicas de calidad”. En el país centroamericano, añadió, “a las mujeres se les criminaliza por practicarse un aborto”.
Alcalde coincide: “el caso de Beatriz no es aislado. Ella vivía en una zona rural. Tenía problemas de salud. Su embarazo era inviable, pues el feto no tenía corteza cerebral ni cráneo”. Resume: “Es un caso muy simbólico, pues el fallo supone también un precedente para los países de la región”.
Desde que se puso en marcha la ley que impide el aborto en cualquier circunstancia en El Salvador, al menos 181 mujeres han sido procesadas judicialmente por buscar interrumpir sus embarazos entre 1998 y 2019, de acuerdo con un informe de la organización Agrupación Ciudadana.
En El Salvador, abortar es castigado con penas que van de dos a ocho años de cárcel, y su principal responsable es la mujer, señala el reporte. La Fiscalía General del país centroamericano impone penas adicionales al personal médico que no denuncie a una mujer que podría abortar por presunto “encubrimiento”.
De los expedientes analizados en el estudio, “la mayoría eran jóvenes entre 15 y 24 años, entre ellas tres niñas de entre 10 y 14 años”. El cargo del que se les acusa es de “homicidio agravado”. La prohibición total, además, hace que la cifra de muertes o daños irresparables por abortos realizados de forma clandestina sea desconocida, indica el análisis.
Las acusaciones internacionales en contra de El Salvador se acumulan después de que, en noviembre de 2021, la CIDH fallara que el Estado era responsable de la muerte “Manuela”, quien fue condenada a 30 años de cárcel en 2008 por “homicidio involuntario” tras sufrir una emergencia obstétrica. La mujer falleció dos años después de cáncer en prisión.
Son numerosas las penas de cárcel por “homicidio involuntario” de mujeres que se han sometido a un aborto con agravantes como presuntos encubrimientos, como ocurrió en el caso de Elsy, una mujer de 38 años que sufrió un aborto espontáneo y había sido condenada a 30 años de prisión en 2011 porque las autoridades aseguraron que se había sometido a una interrupción ilegal del embarazo.
