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Lockward demanda miembros de Unidad Antifraudes por informe que lo vincula en estafa contra el Estado

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El abogado Ángel Lockward interpuso una demanda de responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo contra los miembros de la Unidad Antifraudes de la  Contraloría General de la República para que le paguen los montos que el Estado no le ha desembolsado como consecuencia del informe elaborado por esos técnicos.

Por el informe que realizó la Unidad Antifraudes, elaborado en septiembre del 2021, el Gobierno paralizó los pagos y libramientos por concepto de deuda pública de expropiación de compra-venta de terrenos en los que supuestamente se estafó al Estado con más de 17 mil millones de pesos.

La audie se llevó a cabo este miércoles en el TSA y se aplazó para el día 9 de noviembre.

Los abogados de César Tomas, Juan Flaquer y  Gersey Medina, los tres miembros de la Unidad Antifraude, explicaron que la demanda es una “pretencion económica que ellos  (los representantes de Lockward) fijan en los monto que el Estado no le ha desembolsado porque ellos entienen que el fundamento del Estado para no desembolsárselos es la existencia de ese informe”

Los abogados Juan Cuevas y Osiris  Disla Inoa calificaron como “una especie de chantaje y extorsión” la demanda, en las que incluso se congeló por un momento todos los bienes en los bancos de los César Tomas, Juan Flaquer y  Gersey Medina.

Afirman que sus defendidos no conocen a Ángel Locward y que sólo cumplían con su trabajo.

En el proceso participa el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho por una intervención forzosa que le hizo la Contraloría.

Al salir de la audiencia, Camacho dijo que la Unidad Antifraudes de la Contraloría lo que hizo fue “cumplir con sus funciones, conforme lo establece la ley” y que en la medida en la que el proceso sobre la estafa avance todo será aclarado.

Algunos de los pagos que el abogado Ángel Locward demanda incluye los montos de más de RD$17.0 millones, otros de RD$37.9 millones y RD$180,000.00.

Personas cercanas al abogado demandante dijo que el monto total que exigen es correspondiente a “los daños ocasionados” por el reporte de los peritos, el que calificó de “infame”.

Dijo que lo elaborado por los técnicos “habla de disparates como que los títulos que están expresados en porcentajes no se pueden transferir, cosa que es mentira”

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