Los haitianos se atrincheran en una posición de consenso sobre la crisis del río Masacre
Pese a la situación de ingobernabilidad, miseria rampante y violencia, los haitianos han logrado atrincherarse en una posición cada vez más consensuada sobre lo que entiende es su derecho a utilizar las aguas transfronterizas del río Masacre, que nace y desemboca en territorio dominicano.
En una sorprendente identificación en torno al tema, autoridades, pueblo común, la élite académica y el gobierno de facto han plantado cara a la República Dominicana y hecho caso omiso a las advertencias y medidas del lado oriental de la frontera.
Más que disminuir, las diferencias se han enraizado y el gobierno dominicano enfrenta una situación posible de mutar en un conflicto intrarregional del que, dadas las características de pobreza y alienación de Haití de cara a la comunidad global, difícilmente República Dominicana salga bien parada. De antemano y así lo indica la experiencia diplomática dominicana en los últimos años, las simpatías internacionales están del lado haitiano.
Aparte de las posiciones públicas del gobierno haitiano, el profesor Maismy-Mary Fleurant, de la Universidad Pública del Nordeste establecida en Fort Liberté, es quien mejor ha explicado la posición de su país a la luz del derecho internacional.
Luego señala: «La República Dominicana, que protesta por la construcción de la obra en Pittobert, siempre ha gestionado de manera unilateral y abusiva el río Masacre. Hasta la fecha, la parte dominicana ha construido 11 obras, incluidos dos acueductos en Castellar-Loma de Cabrera y Dajabón, dos presas en Cabeza de Caballo y Los Miches, y cinco canales de riego en Juan Calvo, La Aduana, Los Veteranos, El Coco y Don Pedro. Este uso es un claro ejemplo de falta de respeto a los principios generales del derecho internacional fluvial en el uso y la gestión de los ríos transfronterizos».
No obstante, el profesor Fleurant entiende que «el camino que debe priorizarse en esta crisis es el de una consulta abierta entre Haití y la República Dominicana para garantizar sus intereses dentro del absoluto respeto de su soberanía».
Plantea varias posibilidades para llegar a un acuerdo, entre ellas un arbitraje internacional y el establecimiento de un marco legal bilateral para la gestión y uso de cursos de agua transfronterizo.
En un país signado por la violencia, sin un gobierno estable y al borde de una intervención armada multinacional, las diferencias con la República Dominicana sobre las aguas de un río, por demás diezmadas por los abusos ambientales, han logrado unificar a mansos y cimarrones.
