Madre de niño desaparecido denuncia por «agresión sexual» a procurador de corte de Barahona
La madre de un niño desaparecido tras ser presuntamente secuestrado por su expadrastro en Barahona en 2022, interpuso una querella ante el Ministerio Público contra el procurador general de Corte de Barahona, Ulises Guevara Feliz, a quien acusa de agresión sexual contra ella y prevaricación.
De acuerdo a la querella depositada el pasado 11 de septiembre, la querellante Fraila Méndez Marrero dijo que Guevara Feliz se aprovechó de su estado de vulnerabilidad para agredirla sexualmente a cambio de ayudarla con las investigaciones para dar con el paradero de su hijo.
La víctima dijo que todo comenzó luego de que ella denunciara a Guevara Feliz por supuestamente entorpecer las investigaciones del caso en el programa Somos Pueblo. Dijo que el funcionario judicial la invitó a su oficina y le propuso ayudarla, pero que pasado el tiempo «comenzó a hacerle insinuaciones de índole sexual».
La víctima indicó que supuestamente el procurador la invitaba para salir a tomar bebidas alcohólicas y accedía en ocasiones a manoseos carnales «inducida al único propósito de fortalecer los esfuerzos respecto al caso que investiga el Ministerio Público».
Relató que el pasado 3 de agosto de 2023, Guevara Feliz la llamó de manera insistente por video requiriendo sexo virtual.
«En ese momento, la querellante y víctima simula estar contenta y alegre con el imputado Ulises Guevara Feliz y cede a tener intimidad sexual de forma virtual», reza la querella.
Según el documento que recoge el relato de Méndez Marrero, después de ese episodio el procurador de corte continuó llamándola y prometiéndole que le iba a ayudar, pero ella empezó a dudar de su palabra.
«La víctima, mirando ya que solo es promesa y que el señor la acosaba de una forma grosera, entra en estrés y es ingresada por cuestiones de salud a un centro médico de Barahona», detalla el documento.
Frayla se quedó con evidencia de ese hecho y puso la querella. Sus abogados Yvan Ariel Gómez Y Gilbert Matos señalaron que «el Derecho Penal y la legislatura disciplinaria del Ministerio Público, recogen como falta aprovecharse de la vulnerabilidad emocional y psicológica de una madre que haría y lo daría todo, incluyendo su cuerpo para que su hijo aparezca».
Amenazas
Tras interponer la denuncia, Frayla dijo que ha recibido mensajes amenazantes por parte del funcionario judicial, razón por la que, junto a sus abogados, solicitó al Ministerio Público una orden de protección y alejamiento el pasado miércoles.
Delitos
Los abogados indicaron que las alegadas acciones del procurador se constituyen en delitos como agresión sexual y prevaricación, de acuerdo a los artículos 330 y 166 del Código Penal.
El artículo 33 establece que toda agresión sexual que no constituye una violación se castiga con prisión de cinco años y multa de 50 mil pesos, sin embargo, cuando la agresión es cometida o intentada contra una persona vulnerable, en este caso, «por una persona que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones», se puede penalizar hasta con 10 años de prisión y multa de 100 mil pesos, indicó la defensa de Méndez Marrero.
Violación Ley Orgánica del Ministerio Público
Los abogados de Frayla también indicaron que el procurador violó la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11 en su artículo 78 que establece que son obligaciones de los funcionarios del Ministerio Público «observar, dentro o fuera de su jornada laboral, una conducta respetuosa con sus compañeros de trabajo».
Además de los artículos 85 y 92 que califican como una falta muy grave que dan lugar a una destitución «incurrir en acoso sexual de cualquier servidor o servidora, o valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos».
Inspectoría General del Ministerio Público investiga
La Inspectoría General del Ministerio Público asumió la investigación de esta denuncia el lunes pasado.
La querellante solicita formalmente que esta instancia abra una investigación formal contra el procurador de corte de Barahona, Ulises Guevara Feliz, y que solicite a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la designación de un juez instructor especial, porque el funcionario por su cargo tiene jurisdicción privilegiada.
