El gobierno de México disolvió la última caravana de migrantes, que se encontraba desde finales de diciembre en el sureño estado de Chiapas, tras comprometerse a procesar a sus integrantes y otorgarles eventualmente algún tipo de documento que les conceda la estancia legal en el país.
Al informar de los términos del acuerdo al que se llegó con los migrantes, Roberto González López, jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, explicó que los casos de los extranjeros serán canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que presta servicio de asistencia social.
En esta oportunidad no habrá entrega inmediata de visas humanitarias ni Formas Migratorias Múltiples, como ocurrió con otras caravanas.
Poco después de que se llegó al acuerdo, las autoridades iniciaron el traslado de la mayoría de los migrantes hacia un albergue del DIF ubicado en la aduana de la localidad de Huixtla, cercana a la frontera con Guatemala, en medio de desinformación y confusión.
La hondureña Senia Rodríguez hacía fila junto a su esposo y dos niños para abordar los autobuses, pero no tenía claro el procedimiento ofrecido por las autoridades migratorias.
En la misma situación estaba la salvadoreña Ana Ventura, quien esperaba junto a su esposo y sus tres hijos de 15, 12 y 10 años.
“No sabemos. La mayoría que ya se fue dicen que lo están dando (los documentos), pero saber qué tan cierto sea”, dijo Ventura.
El activista Luis García Villagrán, de la organización local Centro de Dignificación Humana AC — que guiaba al contingente — indicó que, de acuerdo con una respuesta formal del INM, se dará prioridad a las familias y a los grupos vulnerables.
García Villagrán pidió a las autoridades migratorias agilizar los procedimientos para entregar los documentos de estancia legal a los migrantes para que puedan continuar su camino hacia otras ciudades de México o la frontera con Estados Unidos.
“Vamos a esperar que procesen a todos, incluyendo a los solteros, para que luego podamos irnos cada uno”, comentó.
La caravana, formada por unos 6.000 migrantes, partió en Nochebuena desde la localidad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, y durante cinco días recorrió unos 100 kilómetros en el estado de Chiapas hasta llegar al poblado de Mapastepc, donde se paró ya con la mitad de sus integrantes.
La movilización coincidió con la reunión celebrada a mediados de la semana pasada entre el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la capital mexicana para evaluar la crisis migratoria.
La reunión se produjo tras la llamada telefónica del presidente Joe Biden a su par mexicano el 20 de diciembre para expresarle la preocupación de su gobierno por el creciente flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, donde llegaron a detectarse hasta 12.000 cruces ilegales al día.
Durante el encuentro, las autoridades mexicanas pidieron a Estados Unidos que de prioridad a la reapertura de algunos cruces fronterizos cerrados ante la avalancha de migrantes.
La petición fue atendida días después por Washington, que se comprometió a reanudar a partir del 4 de enero las operaciones en los cruces de Eagle Pass, Texas; San Ysidro en San Diego, California; Lukeville en Arizona y en el puerto peatonal de Morley en Nogales, Arizona, según informó el martes en la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Las industrias mexicanas se vieron afectadas por el cierre temporal de dos cruces ferroviarios con Texas a finales de diciembre, que se llevó a cabo con el argumento de que hubo que reasignar a agentes de la Patrulla Fronteriza para hacer frente al elevado número de entradas al país.
La región registra un flujo migratorio sin precedentes que no ha podido controlarse pese a los intentos de Estados Unidos de abrir nuevos cauces para llegar de forma legal al país, a la vez que endurece las consecuencias de hacerlo de forma irregular.
Más de medio millón de migrantes, muchos de ellos venezolanos, cruzaron este año la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. México detectó más de 680.000 extranjeros en situación irregular de enero a noviembre, según las cifras oficiales. Además, un récord de casi 137.000 personas pidieron refugio en el país.
