Mientras Leonel protegió sus corruptos, el PRM los somete y debe presentarlo como su carta de triunfo para 2028

Nueva York. El debate sobre la corrupción en la República Dominicana no comenzó en 2020 ni en 2026. Viene de atrás, de años en los que se acumulaban auditorías, denuncias y titulares sin que el poder produjera consecuencias visibles contra los suyos.

Entre 2004 y 2008, durante dos de los gobiernos de Leonel Fernández, la Cámara de Cuentas realizó 49 auditorías e investigaciones especiales en instituciones del Estado. Los informes documentaron irregularidades y observaciones técnicas que alimentaron el debate público. Organizaciones cívicas registraron señalamientos adicionales. Sin embargo, mientras Fernández conservó el control del aparato estatal, el sistema casi nunca produjo consecuencias penales firmes dentro del mismo ciclo de poder.

Muchos de los expedientes que luego estremecieron al país estallaron cuando Leonel ya había salido de Palacio. Ahí aparecen nombres como Víctor Díaz Rúa en el caso Odebrecht, Pedro Rafael Peña Antonio en el expediente Super Tucano, así como los cuestionamientos alrededor de Félix Bautista y Diandino Peña.

No se trata de emitir veredictos definitivos, porque varios procesos no culminaron en condenas firmes o fueron objeto de apelaciones y anulaciones. El punto es el momento. Las consecuencias no ocurrieron cuando el poder de Fernández estaba intacto.

En el plano internacional también hubo señales. Reportes periodísticos consignaron revocaciones de visas estadounidenses a miembros del entorno civil y militar vinculado a esos gobiernos. Entre los nombres mencionados figuraron Héctor Belisario Medina y Medina, Manuel de Jesús Florentino y Florentino, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Víctor Crispín Zorrilla, todos hoy parte de la cúpula de la Fuerza del Pueblo (FP).

También se conoció el caso de Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), quien denunció la cancelación de su visado. En su caso, estas medidas no equivalen a sentencias penales, sino que responden a decisiones internas del Departamento de Estado, pero funcionaron como señales externas en un contexto donde internamente el sistema permanecía inmóvil.

Ese es el telón de fondo, en 2020 se produce el cambio político. Luis Abinader llega al poder impulsado por la demanda expresada en la Marcha Verde, el reclamo de que los grandes también respondan ante la ley. Desde entonces, entre 2020 y 2026, múltiples funcionarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fueron separados de sus cargos o enfrentan procesos judiciales. La lista es pública y está sustentada en decretos, expedientes y solicitudes de coerción.

En ella figuran Kimberly Taveras Duarte, Luis Maisichell Dicent, Adán Peguero, Cecilio Antonio Rodríguez Montás, Víctor Ramón Castro Izquierdo, Roberto Fulcar, Lisandro Macarrulla, José Altagracia Valenzuela Arias, Julio Antonio de la Cruz Nolasco, Wanda García, Porfirio Peralta, Feyla Rodríguez Pavón, Elvis Alberto Muñoz Peralta, Leonardo Faña, Juan Carlos Torres Robiou, Hugo Beras Goico, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Rafael Féliz García y Luis Manuel Febles Peralta, entre otros.

En un bloque aparte aparecen legisladores y concejales mencionados en expedientes por narcotráfico, lavado u otras imputaciones, como Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, Rosa Amalia Pilarte López, Nelson Rafael Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Edickson Herrera Silvestre; en muchos casos no existe sentencia definitiva o los procesos siguen en curso. Todos mantienen su derecho a la presunción de inocencia.

La Fuerza del Pueblo, liderada por Leonel Fernández, ha intentado convertir esa lista en un acta de acusación colectiva contra el gobierno. Ha instalado la narrativa de que el PRM está infestado de corruptos porque varios de sus dirigentes han sido desvinculados o sometidos.

Pero la interpretación altera el sentido del hecho. En la historia reciente no se había visto un gobierno reaccionar con tal rapidez ante denuncias que tocaban a su propio entorno. Desvincular, permitir extradiciones o someter a la justicia no es debilidad. Es ruptura con la cultura de blindaje que protegió durante décadas a los círculos de poder.

La diferencia no está en que existan denuncias. Denuncias hay en cualquier sistema político. La diferencia está en la reacción cuando el señalamiento golpea hacia adentro.

En los períodos de Leonel Fernández y Danilo Medina, las auditorías se acumulaban y los informes se archivaban mientras el poder permanecía intacto. En la administración de Abinader, las denuncias han derivado en cancelaciones, procesos y cooperación judicial, aun cuando eso implique un alto costo político.

Ese costo es real. Cada funcionario sometido es munición para la oposición. Cada desvinculación alimenta titulares adversos. Cada extradición se convierte en argumento de ataque. El PRM paga el precio político de no blindar a los suyos.

Ahí está el núcleo del debate. No se discute si existen expedientes. Se discute si el poder los enfrenta o los protege. En la actual administración la justicia ha operado sin correa visible. La lucha contra la corrupción no ha sido solo discurso, ha implicado aceptar sanciones internas y dejar que los procesos avancen.

Esa debería ser la carta de presentación del PRM. No esconder la lista, explicarla. No temerle al costo político, convertirlo en argumento moral. Recordar que la promesa original no fue erradicar mágicamente la corrupción, sino romper la impunidad e instaurar un régimen de consecuencias. Mientras Leonel protegió sus corruptos, el PRM los somete y debe presentarlo como su carta de triunfo para 2028.