Ministerio Público: involucrados en Operación Medusa deben ir a prisión por riesgos procesales como la destrucción masiva de evidencias
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso aseguró que el hecho de que el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez haya puesto plátanos en una caja fuerte ocupada durante la Operación Medusa, además de mostrar su narcisismo y su irrespeto a la autoridad, reafirma que la prisión debe ser la medida adecuada para evitar que siga destruyendo evidencias.
Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el imputado exhibe un comportamiento típico de un narcisista, “un comportamiento típico de una persona que no tiene respeto”.
“Es así, estaba vacía (la caja fuerte), en tema de burla, porque él mismo dijo públicamente que tenía conocimiento (de la investigación en su contra)”, añadió. “Ese conocimiento, que él manifiesta tenía de la investigación, es un riesgo procesal, y por eso debe estar en prisión preventiva”, sostuvo.
“Es él mismo que se ha colocado en esa situación, cuando públicamente dijo en varios programas (noticiosos) que tenía conocimiento de la investigación. No se supone que un investigado tiene conocimiento de la investigación en las condiciones como él ha establecido”, explicó.
“Entonces, eso el Código lo establece y lo penaliza como un riesgo procesal que conlleva prisión preventiva”, añadió.
También resaltó la contradicción en que incurre el exprocurador al plantear que se trata de una investigación exhaustiva. “Si él mismo dice que es una investigación exhaustiva, que dice en sus propias palabras que es una investigación exhaustiva, entonces, no puede decir que no hay evidencias”, planteó.
Destacó que las barras de la defensa de los imputados evadieron referirse a las evidencias presentadas por el Ministerio Público.
“Les corrieron sus barras a todo lo que el Ministerio Público ha denunciado, como que el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario es una estafa al Estado”, sostuvo. “Una estafa en la que el Estado ha invertido más de diez mil millones de pesos en un plan en el que algunas de las cárceles construidas van a haber que derribarlas, porque no cumplen con condiciones mínimas”, añadió.
Aseguró que, mientras se desempeñó como procurador general, Rodríguez Sánchez contrató más de 400 millones de pesos en equipos que, al día de hoy, ni siquiera están fabricados.
“Señores, se compraron más de 400 millones en equipos cuando estaba todavía el plan (de humanización penitenciaria) en aproximadamente el 50% de construcción y esos equipos, muchos de los cuales el Estado pagó, ¿saben en qué condiciones están? Ni fabricados están. No que no están en la Procuraduría…, no están fabricados…”, dijo Reynoso.
En ese contexto, indicó que habrá que derribar parte de lo que la gestión de Rodríguez Sánchez denominó “Nueva Victoria”, un complejo levantado sobre un enorme relleno en una zona pantanosa caracterizada por sus abundantes lagunas.
Reynoso también se refirió a la alteración del contrato de renta de una vivienda incautada con el que Rodríguez Sánchez y sus colaboradores estafaron al Estado con 34 millones de pesos. “La prensa que estuvo adentro fue testigo que cuando el Ministerio Público lo cuestionó de manera enérgica y tuvo que aceptar que era su firma, aunque había dicho que se la falsificaron, tuvo que aceptar que era su firma”, enfatizó.
“Es su firma”, reiteró, para agregar que el imputado “dice tantas cosas”. “Él dice tantas cosas que creó una procuraduría ficticia. Esa procuraduría de lujo, con todos esos recursos, con todos esos equipos, solo existe en su mente. Es ficticia; creó una procuraduría ficticia, no existe. ¿Dónde está lo que dice que construyó?”.
Insistió en que representó una estafa el cheque por más de 34 millones de pesos pagado por la gestión de Rodríguez Sánchez días antes de salir de su posición en favor de los inquilinos de la residencia incautada, la cual está ubicada en la calle Las Ceibas, de la Urbanización Bella Vista, en el Distrito Nacional.
“Es un cheque por más de 34 millones de pesos que fue pagado de manera irregular, utilizando testaferros en esa empresa y sin haberse invertido el 10 por ciento de lo que se pagó contra una cuenta de cuerpo de delito y en ese expediente es que está su firma y, igual que todas las evidencias, lo implican de manera directa”, dijo Reynoso.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conoce la solicitud de la medida de coerción, se reservó el fallo para este martes a las 3:00 de la tarde.
El Ministerio Público, que expuso el expediente acusatorio, con más de 5,800 páginas de pruebas, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados y la declaratoria de complejidad del proceso.
En la acusación contra este entramado corrupto, además del exprocurador Rodríguez, figuran Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Según la acusación, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que desfalcó al Estado por más de 6,000 millones de pesos.
El órgano de justicia les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Enfrentarán, además, cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El expediente presentado por el Ministerio Público también incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
