Ministerio Público pide decomiso de más de 200 inmuebles en caso Falcón

El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, explicó este martes que las pruebas presentadas en el caso Falcón llevaron al Ministerio Públicoa solicitar al tribunal el decomiso de más de 200 inmuebles, incluyendo estaciones de venta de combustibles, villas, apartamentos, empresas, así como una gran cantidad de vehículos de motor que incluyen automóviles de alta gama.

Dijo que la cantidad de dinero ocupada o inmovilizada a los integrantes de la presunta red de lavado sobrepasa los 500 millones de pesos, al tiempo de señalar que los imputados manejaron en sus operaciones más de 10 mil millones de pesos.

Según explicó la Procuraduría General de la República en una nota de prensa, el fiscal destacó que la acusación presentada es robusta y el expediente aporta miles de pruebas que vinculan a cada uno de los imputados.

Expresó que este es uno de los casos más importantes contra la criminalidad organizada en República Dominicana, reseña una nota de prensa de la Procuraduría General de la República.

Dijo que todos los actores del sistema sistema de justicia deben asumir su responsabilidad con la mayor de la rigurosidad, “y vamos a defender este proceso en todos los escenarios, en los tribunales y en cualquier escenario que sea necesario porque está probado que es un proceso legalmente bien trabajado, un proceso que el Ministerio Público lo ha trabajado con mucha transparencia y con objetividad, sobre todo”.

Lamentó la variación de medidas de coerción a involucrados en el Caso Falcón emitida por un tribunal y sostuvo que el Ministerio Públicoenfrentará a quien deje de actuar de manera correcta. “Por eso hemos recusando (jueces) en algunos casos, cuando entendemos que se ha violentado la ley”, dijo.

“En el último caso se ha dado una variación que nosotros catalogamos como ilegal, nula, porque se han violentado todos parámetros que el Código Procesal Penal establece para la administración de justicia”, dijo.

Consideró que los imputados deben seguir en prisión hasta que se conozca el juicio de fondo.