MP sostiene que Jochi puso cámaras en las vías de RD «estrategia ilegal de espionaje».
Mediante la llamada «Operación Camaleón», el Ministerio Público anuncio la desintegración de una presunta red de corrupción y delincuencia organizada enfocada en el desfalco y estafa contra el Estado.
En la ejecución de esta operación, José «Jochi» Ángel Gómez-Canaán fue detenido, luego de ser cuestionado a mediados de la semana en la Procuraduría General de la República (PGR) acerca de posibles anomalías en la licitación para la modernización, expansión, supervisión y administración del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (In
En relación con esta licitación, los auditores confirmaron que Transcore Latam, la compañía asociada a Gómez-Canaán que obtuvo el concurso, empleó las instalaciones semafóricas para un propósito diferente al que fueron empleados.
De esta manera, el Ministerio Público lo estableció en su petición de audiencia para dictar medida de coerción contra los involucrados en el caso Camaleón, donde sostuvieron que Transcore Latam instaló elementos diferentes a los que se proporcionaron.
Asimismo, afirmaron que esta compañía añadió otros componentes de forma unilateral, tales como fibra óptica, nodos de concentración y kits de Starlink, que tampoco estaban incluidos en la propuesta técnica inicial. Además, confirmaron que puso 55 cámaras.
¿Para qué? Según el Ministerio Público, estas grabaciones y su acceso al tráfico constituían un «plan ilegal de espionaje» liderado por Jochi y Carlos Peguero, otro de los acusados.
«El manejo de información y el monitoreo encubierto de ciudadanos sin su autorización constituyen una amenaza directa a la privacidad y seguridad, estableciendo delitos contra la seguridad pública y otros delitos relacionados», se leía en una sección del mencionado documento.
Adicionalmente, los fiscales señalaron que estas acciones representarían un peligro para la seguridad pública, garantizando que esto no solo conlleva espionaje ilícito, sino que también los datos obtenidos a través de esta tecnología podrían ser empleados en acciones de extorsión.
El órgano supervisor señaló que en el transcurso de la auditoría, los expertos notaron que estas cámaras poseían capacidades para registrar tráfico y capturar imágenes en directo. De forma parecida, guardaban un «volumen considerable» de información.
Sin embargo, los fiscales subrayaron que Transcore Latam no logró explicar correctamente dónde ni cómo se manejaba esta información, sin detallar cuáles fueron las justificaciones ofrecidas por la empresa.
Además, señalaron que los servidores evaluados «no eran suficientes» para gestionar el volumen de datos guardados.
