Mucho ruido, cero documentos. El origen del rumor sobre un supuesto veto de EE.UU a Paliza como canciller

Nueva York.- Durante varios días, un rumor ha ganado tracción en redes sociales y espacios digitales de la política dominicana. La versión sostiene que Estados Unidos habría expresado su oposición a que José Ignacio Paliza asuma la Cancillería. No hay documentos. No hay comunicados. No hay fuentes oficiales identificables; sin embargo, la afirmación se repite con la suficiente insistencia como para obligar a una revisión responsable de los hechos.

El punto de partida es simple. Hasta hoy no existe una sola declaración pública, ni del gobierno dominicano ni del gobierno estadounidense, que indique que Washington haya vetado, bloqueado o condicionado un eventual nombramiento de Paliza como ministro de Relaciones Exteriores; tampoco hay pronunciamientos del Departamento de Estado, ni filtraciones diplomáticas verificables, ni reportes de medios internacionales de referencia que respalden esa versión.

En términos institucionales, la hipótesis presenta una primera debilidad estructural. La designación del canciller es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo dominicano. No requiere aprobación externa. No está sujeta a validación de gobiernos aliados. Un veto formal por parte de un tercer Estado no solo carecería de base legal, sino que entraría en contradicción directa con principios elementales del derecho internacional y de la práctica diplomática contemporánea.

El contexto reciente tampoco refuerza la narrativa del conflicto. Durante la visita oficial de Marcos Rubio,  secretario de Estado estadounidense a Santo Domingo, Paliza participó en actos protocolares en el Palacio Nacional junto al canciller en funciones. La agenda incluyó encuentros previos con personal de la embajada, una reunión en la Cancillería y, posteriormente, un intercambio con el presidente dominicano en la sede del Ejecutivo; las imágenes difundidas muestran un escenario institucional normal, sin señales visibles de tensión, incomodidad o distanciamiento político.

A esto se suma un dato operativo que suele pasarse por alto en la discusión digital. Paliza mantiene una movilidad frecuente hacia Estados Unidos, tanto en actividades partidarias como en funciones de gobierno. Esos desplazamientos han sido públicos y no presentan restricciones conocidas.

En la práctica diplomática, cuando existe un conflicto serio, sostenido y de alto nivel, una de las primeras señales suele ser la limitación de acceso territorial. No hay evidencia pública de que a Paliza le hayan cancelado su visado.

Eso no significa que la ausencia de medidas migratorias sea una prueba definitiva de armonía absoluta. La política de visados estadounidense opera con amplios márgenes de discrecionalidad y, en muchos casos, sin explicaciones públicas. Pero el dato observable es claro. No hay indicios verificables de un choque frontal que sostenga la tesis de una oposición categórica.

Entonces surge la pregunta central. Si existiera una objeción real y sustantiva, cuál sería su fuente. En términos razonables, solo hay dos posibilidades. Una filtración confiable desde el aparato diplomático estadounidense, o una comunicación interna desde estructuras del propio gobierno dominicano con acceso real a esa información. Hasta ahora, ninguna de esas vías ha producido evidencia.

El origen del rumor es rastreable a comentaristas, cuentas de redes sociales y espacios de opinión que afirman la existencia de un veto sin mostrar documentos, sin citar fuentes oficiales y sin respaldo independiente. Ese patrón es habitual en escenarios de disputa política interna, donde la narrativa precede a los hechos y la sospecha se presenta como dato.

En la diplomacia real, los Estados aliados pueden expresar preferencias, incomodidades o reservas de manera privada. Eso ocurre con frecuencia y forma parte del intercambio entre gobiernos. Pero esas señales informales no constituyen vetos, no son vinculantes y no determinan decisiones soberanas; convertir esas dinámicas en una prohibición formal es una extrapolación que distorsiona el debate público y derrota la moral.

Con la información disponible, el cuadro es consistente. Estados Unidos no tiene autoridad para vetar el nombramiento de un canciller dominicano. No existe evidencia pública de una objeción formal contra José Ignacio Paliza. Su actividad reciente y su exposición institucional contradicen la idea de una ruptura grave. Y el rumor no nace de fuentes oficiales, sino de circuitos de especulación digital.

En un entorno marcado por la viralidad y la polarización, el periodismo tiene una función clara. No amplificar versiones sin sustento, sino establecer límites, contexto y jerarquía de hechos. Hasta que no aparezcan documentos, declaraciones oficiales o reportes creíbles que indiquen lo contrario, presentar como un hecho un supuesto veto de Estados Unidos es, sencillamente, incorrecto. Todo lo demás pertenece, por ahora, al terreno de la conjetura y la especulación.