Nuevamente trasladan a Jochi Gómez a la Procuraduría para ser interrogado.

José Gómez-Canaán, también llamado Jochi Gómez, fue llevado a la Procuraduría General de la República (PGR) para ser cuestionado por su participación en una red de corrupción y delito organizado «dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilegal, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, a través de alta tecnología y hurto de identidad».

De esta manera, su abogado Carlos Balcácer lo comunicó al salir de la prisión del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lugar donde acudió para conocer su situación.
Después de ser cuestionado acerca de las acusaciones contra su cliente, al que se le imputa, entre otras cosas, de terrorismo cuya pena máxima es de 40 años, señaló que podrían «ser 100 años de cárcel, no tiene importancia, no existen elementos suficientes que puedan respaldar esa sentencia».

Asimismo, señaló que «un estúpido» de la Procuraduría, que no son los físcales «Yeni (Berenice) ni Wilson (Camacho), buscaba una caja roja donde se supone que Jochi Gómez almacena el virus Pegasus, que a su juicio no existe.

La PGR denominó como «Operación Camaleón» un caso en el que, además de Gómez, están detenidos Hugo Beras, el ex director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, ex director de Tecnología de la Información y Comunicación de dicho organismo; Frank Díaz Warden, jefe de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, ex

Dentro de las acusaciones presentadas se incluyen el acuerdo fraudulento para la actualización del sistema de semaforización en Santo Domingo; el acuerdo ilícito con el Ministerio de Defensa y la compañía Aurix, del 23 de junio de 2020, empleado para tomar funciones propias de las entidades de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, y el sabotaje realizado contra la red de semaforización en agosto.