Nuevas acciones legales contra periodistas peruanos renuevan preocupación de la SIP

Miami (22 de abril de 2019) — Una orden judicial contra dos periodistas peruanos en el marco de las denuncias por difamación presentadas por un empresario vinculado al narcotráfico, es «motivo de preocupación» para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que, además, recordó que en Perú hay antecedentes sobre el uso de demandas judiciales para intimidar la labor del periodismo.

«De nuevo vemos con impotencia la larga tradición que existe en Perú en cuanto al uso inhibitorio de las demandas contra periodistas para frenar sus investigaciones y obligarlos a ejercer autocensura», afirmó la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora de El País de Cali, Colombia.

La Justicia peruana inició causa por difamación a Óscar Castilla, director del portal Ojo-Público.com y Edmundo Cruz Vilchez, del diario La República de Lima, y dispuso un embargo preventivo en su contra ante demandas de Miguel Arévalo Ramírez, por trabajos periodísticos que lo vincularían con el crimen organizado. Arévalo en total ha presentado 10 denuncias con demandas millonarias contra diversos medios, según el Consejo de la Prensa Peruana.

Las disposiciones que afectan a Castilla y Cruz ocurren después que el 8 de abril otro periodista peruano, Pedro Salinas, fue sentenciado a un año de prisión suspendida y el pago de una multa por más de 20 mil dólares en una demanda por difamación presentada por una alta autoridad de la Iglesia Católica relacionada a un caso de encubrimiento de abusos sexuales.

«Hace dos años, cuando celebramos el Día Internacional de la Libertad de Prensa en Lima, reiteramos nuestro llamado para que los jueces penales sean más rigurosos al examinar y aceptar demandas contra periodistas, ya que también a estas se les utiliza para frenar investigaciones periodísticas sobre corrupción y otros delitos», aseguró Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, agregó que en otra misión a Perú, la SIP consiguió que el entonces presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, enviase un exhorto a los jueces en defensa de la libertad de prensa, pidiéndoles más rigurosidad al examinar las querellas contra periodistas. «Es deber de los jueces revisar y analizar los méritos de las demandas antes de exponer a los periodistas a medidas preventivas y la cancelación de sus trabajos, en violación al derecho de libertad de expresión y de libertad de prensa», afirmó Rock.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.