Oficialistas denuncian que marcha de Leonel violó la Ley Electoral y exigen acción inmediata de la JCE
Santo Domingo.– La marcha masiva encabezada por el expresidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo (FP) provocó fuertes reacciones este lunes en el Congreso Nacional, donde legisladores oficialistas la calificaron como un “acto político” realizado fuera de los plazos legales, en violación a laLey de Régimen Electoral.
Los congresistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) advirtieron que la actividad constituye un desafío directo a la autoridad de la Junta Central Electoral (JCE). Por ello, solicitaron que el órgano comicial se pronuncie y aplique las sanciones correspondientes ante lo que consideran un evidente caso de proselitismo adelantado.
De acuerdo con los legisladores del PRM, la manifestación de la Fuerza del Pueblo violó tanto la Ley Electoral como la Ley de Partidos, al organizar una marcha multitudinaria pese a que los tiempos legales aún no permiten actividades proselitistas. Alertaron que permitir este tipo de eventos abre la puerta para que cualquier aspirante “entre de lleno al ruedo político” sin respetar la normativa.
La oposición, en cambio, defendió la actividad señalando que se trató de una movilización ciudadana, respaldada por diferentes sectores sociales y acompañada por la dirigencia de la FP. Afirmaron que la marcha refleja el creciente descontento popular con la situación económica, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos.
Según el calendario de la JCE, la precampaña para las elecciones del 2028 inicia el primer domingo de julio del 2027, por lo que ningún partido está autorizado a realizar marchas, caravanas o actos proselitistas antes de esa fecha. La ley también establece que la campaña electoral sólo puede comenzar 70 días antes de las elecciones generales, luego de la proclamación oficial del órgano electoral.
Hasta ahora, la Junta Central Electoral no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso. Sin embargo, los legisladores oficialistas insistieron en que una respuesta es imprescindible para evitar precedentes que puedan afectar la equidad y el orden del proceso electoral en curso.
