Pastora Rossy Guzmán ‘es una emprendedora’, no una ‘pobretona’, asegura su abogado

Al hacer la defensa de la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez en la audiencia preliminar de Operación Coral, su abogado aseguró que, contrario a lo que se ha querido vender de que ella es “una pobretona”, la imputada es una “emprendedora”.

Que desde el 2002, cuando empezó a ejercer su carrera de licenciada en Derecho, ha manejado más de 168 millones de pesos y es propietaria de 10 inmuebles producto del ejercicio de su profesión.

Al pedir a la jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, que rechace la solicitud del Ministerio Público de enviar a juicio a Guzmán Sánchez y a su hijo Tanner Flete, sostuvo que en vez de cuestionar la solvencia de esa familia se debería “celebrar” su “éxito” porque proviene de un sector humilde como el de Cristo Rey.

El abogado Héctor López Rodríguez afirmó que la empresa Único Real State E Inversiones SRL, propiedad de la familia de la pastora, hizo todas las transacciones de manera lícita, por lo que el órgano persecutor no tiene cómo demostrar la acusación que le hace de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro.

Héctor López Rodríguez aseguró que los señalamientos del Ministerio Público de que Guzmán Sánchez se benefició de la supuesta red que desfalcó al Estado y que encabezaba el mayor general Adán Cáceres Silvestre, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, a partir del 2012, es otro del “sancocho” que no concluirá ni siquiera en una “sopa boba”.

Expuso que los mayores ingresos que obtuvo la imputada, en base a su trabajo, fue en el período 2002 hasta el 2012 y que en este último año se «reducen de manera drástica sus ingresos y los depósitos en las cuentas de bancos que esta manejaba» porque conoció a Jesucristo.
Explicó que la relación que tiene con el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza es desde los años 90 y con quien, en el 2002, se asoció para montar la empresa Núñez Guzmán y Asociados.

Núñez de Aza es señalado por el Ministerio Público como el “cerebro financiero” del alegado entramado que, según la acusación, engañó al Estado con más de 4,000 millones de pesos.

Guzmán Sánchez, conforme a su representante, hacía préstamos, compraba y vendía bienes inmuebles y que “lo que hizo fue prestar su trabajo y su fe a instituciones que ella entendía se lo merecían, además de su trabajo como abogada”.

Una de las propiedades en las que se atribuye a la empresa Único Real State E Inversiones SRL simular que es dueña y que, según el MP es un apartamento adquirido para el imputado Juan Carlos Torres Robiou consiste en un apartamento turístico dentro del condominio Balcones del Atlántico, ubicado en la calle 27 de Febrero del municipio de Las Terrenas, en Samaná «con un valor aproximado en la actualidad (la acusación fue en 2021) de medio millón de dólares».