Permitir por ley matrimonio homosexual en RD es posibilidad «lejana»
La posibilidad de que en República Dominicana se pueda legislar a favor del matrimonio homosexual es un hecho «lejano y casi imposible», según consideraron, ayer martes, legisladores de distintas bancadas partidarias.
El espinoso tema salió a colación tras la apertura que dispuso El Vaticano para permitir la bendición a parejas del mismo sexo, enfatizando que se siguen rechazando los matrimonios.
Varios legisladores consultados por este medio pidieron reserva de sus identidades al exponer sobre el tema, pero expresaron que el ala conservadora del Congreso, que domina ambas cámaras legislativas, frenaría cualquier posibilidad de permitir las uniones homosexuales aquí.
De hecho, recordaron el rechazo que ha tenido la posibilidad de penalizar con cárcel a quienes discriminen a personas de la comunidad LGBTIQ+.
La propuesta, sugerida para incluirse en el proyecto del nuevo Código Penal, no ha tenido éxito en el Congreso bajo los alegatos de que la misma iniciativa ya sanciona a quienes discriminen a personas sin importar su sexo, raza o condición social.
A consideración de los legisladores, el matrimonio homosexual es una posibilidad «muy lejana» por dos aspectos: el tema político-electoral, que domina la agenda de los parlamentarios y candidatos, y el arraigo religioso de la mayoría de los representantes.
El proyecto del Código Penal que se encuentra en la Cámara de Diputados y en el que se discute la posibilidad de penalizar la discriminación al colectivo LGBTIQ+ se encuentra paralizado en la Comisión de Justicia porque, según han revelado los propios legisladores, el actual proselitismo político impide que los temas espinosos sean tocados.
Código Penal
En el proyecto de ley del Código Penal, aprobado en julio del 2021 en segunda lectura en la Cámara de Diputados, no se incorporó la propuesta de establecer responsabilidad penal a quien discrimine a una persona por su preferencia u orientación sexual o de género.
Esta modificación no fue incluida en el artículo 186 de esa pieza legislativa, que describe el delito sobre la discriminación. Tampoco se incorporó establecer penas a quienes fundamenten su negativa para prestar o contratar un servicio por conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales.
En tanto que fueron eliminadas las palabras «preferencia u orientación sexual» entre los motivos para penalizar el homicidio agravado y la tortura y actos de barbarie agravados, establecidos en los artículos 97 y 118 del proyecto de Ley del Código Penal aprobado, el cual perimió luego por falta de las votaciones reglamentarias.
Costo político
Los propios congresistas consultados por este medio pidieron la reserva de sus nombres argumentando, entre otros aspectos, que sus opiniones podrían afectar su nivel de simpatía en el electorado, ya que buscan repetir en sus cargos a partir del 2024.
Desde que el Código Penal y los temas relacionados a los LGBTIQ+ perimieron en el Congreso, un grupo de diputados admitió que el proyecto quedaría engavetado en las comisiones por el costo político que arrastra.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside Alexis Jiménez, informó que no tiene en agenda continuar con el análisis de la pieza, pues el último bajo estudio -recordó- perimió por no aprobarse en el plazo reglamentario. Desde l6 de agosto, cuando empezó la actual legislatura, no se ha depositado un proyecto nuevo.
Difícil de aprobar ante de las elecciones
El diputado Jiménez considera «muy difícil» que el proyecto se apruebe antes de las elecciones del 2024.
No obstante, manifestó que la Comisión de Justicia «siempre está abierta» para estudiar el proyecto y rendir un informe «en cualquier dirección», ya sea aprobándolo o rechazándolo.
Agregó que lo único que le resta a la comitiva es esperar que algún congresista se motive a depositar un nuevo proyecto.
En cuanto a los derechos de familia, sostiene que las parejas entrevistadas explicaron cómo la falta de reconocimiento legal las coloca en una situación de profunda indefensión.
«Los obstáculos para poder formalizar una pareja en términos legales, y vivir públicamente como tal, aparecieron como un factor de migración hacia otros países que reconocen legalmente dichas uniones», destaca el informe que también ataca la falta de derechos a la salud.
