Peruano se declara culpable de fraude millonario a hispanos que extorsionaba por teléfono
Un peruano que a través de un centro de llamadas en ese país extorsionó y participó en un fraude de 15 millones de dólares a consumidores hispanos en Estados Unidos, a los que se amenazaba falsamente con arrestos, se declaró este martes culpable, informó la Fiscalía Federal del Sur de Florida.
José Alejandro Zúñiga Cano, de 40 años, se declaró culpable de participar en una conspiración transnacional de fraude postal y electrónico» y fue extraditado de Perú en marzo pasado para afrontar los cargos en su contra.
Zúñiga es el duodécimo acusado en ser condenado en relación con un «plan de fraude transnacional de 15 millones de dólares» que defraudó a consumidores estadounidenses de habla hispana, alegando que amenazaba con consecuencias legales si no pagaban por material de aprendizaje del idioma inglés que nunca solicitaron.
Los culpables defraudaron a más de 30,000 residentes de habla hispana en Estados Unidos, muchos de los cuales eran inmigrantes recién llegados que habían expresado interés en aprender inglés, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Un total de ocho propietarios-operadores de centros de llamadas peruanos y cuatro propietarios-operadores de centros de distribución que procesaron pagos, distribuyeron productos y facilitaron el fraude en Estados Unidos formaban parte de este plan de fraude.
«El largo brazo del sistema de justicia estadounidense no tiene límites cuando se trata de llegar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación, incluidos los ancianos y los inmigrantes recientes», dijo en un comunicado el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida Markenzy Lapointe.
Según documentos judiciales, Zúñiga era propietario y operaba un centro de llamadas en Lima (capital de Perú) que realizaba llamadas no solicitadas a consumidores de habla hispana en Estados Unidos y afirmaba falsamente que habían ganado o calificado para recibir productos gratuitos, incluidas tabletas informáticas y cursos de inglés.
En llamadas posteriores, Zúñiga y sus cómplices les decían a las víctimas que estaban obligadas contractualmente a pagar grandes sumas para recibir los productos.
Zúñiga y sus cómplices se hicieron pasar por abogados, funcionarios judiciales, policías y representantes de un supuesto «tribunal de delitos menores» para intimidar a las víctimas y obligarlas a enviar pagos. Hasta el punto que él y sus cómplices amenazaron a las víctimas con procedimientos judiciales, arresto y consecuencias migratorias, si no pagaban.
Las víctimas que pagaron fueron posteriormente «revictimizadas» por Zúñiga y sus cómplices con un falso plan de restitución. Según documentos judiciales, los estafadores realizaron llamadas adicionales a las víctimas que ya habían pagado haciéndose pasar por abogados de un tribunal estadounidense.
Los impostores dijeron a las víctimas que tenían derecho a pagos de restitución y que recibirían su dinero si pagaban al abogado que supuestamente presentaba el caso en su nombre.
«En realidad, no hubo abogado, ni orden de restitución ni fondos devueltos a las víctimas que realizaron esos pagos adicionales. En cambio, Zúñiga se quedó con esos pagos adicionales a las víctimas».
