Piden intervención de Abinader y Yeni Berenice por posible colusión con empresa de biodigestor en Puerto Plata

Los denunciantes advierten que el proyecto se ha impulsado a espaldas de la comunidad, en medio de irregularidades administrativas, vistas públicas cuestionadas y acciones que, de confirmarse, podrían comprometer la legalidad ambiental, la salud pública y uno de los principales destinos de cruceros del país.

Lea también: Ruta de cruceristas de Amber Cove Puerto Plata en riesgo por construcción de biodigestor de residuos

La controversia por la instalación de un biodigestor para el reciclaje de residuos sólidos en las inmediaciones de la Urbanización Ciudad Universitaria ha escalado en las últimas semanas hasta convertirse en un conflicto de alcance provincial, marcado por denuncias comunitarias, acciones legales, advertencias sanitarias y crecientes señalamientos sobre posibles irregularidades en el accionar de las autoridades ambientales.

Directivos de una amplia coalición de juntas de vecinos del Bloque Noroeste y del Comité Gestor de Moradores de la Urbanización Ciudad Universitaria denunciaron ante la redacción de El Faro Latino que el pasado jueves 11 de diciembre una comisión del Ministerio de Medio Ambiente se trasladó desde Santo Domingo a Puerto Plata y celebró una vista pública sin notificar ni convocar a la comunidad directamente afectada.

Según los comunitarios, el encuentro se realizó de manera discreta, pese a que el proceso debía servir para escuchar los argumentos de los residentes y de las instituciones del entorno frente a la instalación de un biodigestor propiedad de la empresa Gestión Ambiental Punto Verde, vinculada al arquitecto Francisco E. Veras Paulino.

Las denuncias, respaldadas por notificaciones legales a las que tuvo acceso El Faro Latino, señalan que la empresa opera de forma parcial mientras el permiso ambiental permanece en trámite, en una zona altamente sensible desde el punto de vista sanitario, educativo y turístico. El proyecto se encuentra a pocos metros del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Puerto Plata, a unos diez metros de una cocina de almuerzo escolar que alimenta a cerca de mil niños de entre cinco y diez años, y prácticamente colindante con dos restaurantes de larga trayectoria.

Los vecinos afirman además que el propietario ha iniciado la construcción de una segunda nave en la parte trasera del terreno, pese a la oposición comunitaria y a la falta de autorización definitiva.

Ante este escenario, las juntas de vecinos y el Comité Gestor activaron una ofensiva legal formal. El expediente documenta una oposición organizada y jurídicamente sustentada contra la instalación de la planta recicladora en un área de uso residencial y turístico, sin los permisos exigidos por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Un acto de intimación y puesta en mora, notificado por alguacil, ordena al arquitecto Francisco Veras retirar en un plazo de 24 horas los desechos depositados y abstenerse de poner en funcionamiento maquinaria industrial, bajo advertencia de acciones civiles y penales.

Los comunitarios insisten en que no se oponen al reciclaje como actividad, sino a la ubicación del proyecto, que consideran improcedente por el riesgo sanitario y ambiental que entraña. Alertan sobre la posible proliferación de plagas, la emisión de gases nocivos, la contaminación del entorno y la afectación a la dignidad humana, y reclaman la intervención inmediata de las autoridades municipales, sanitarias, ambientales y judiciales para frenar lo que califican como una violación abierta al ordenamiento legal y al derecho colectivo a un ambiente sano.

La polémica ha trascendido el ámbito local. Denuncias constantes en emisoras radiales, programas de televisión, medios digitales y redes sociales han advertido que el biodigestor amenaza directamente la ruta por la que transitan a diario miles de cruceristas que llegan a la terminal Amber Cove y se desplazan hacia el centro histórico de Puerto Plata.

 Empresarios turísticos, académicos y residentes coinciden en que la planta podría afectar la imagen del destino, la salud pública y la economía local, al ubicarse cerca de hoteles, restaurantes, zonas residenciales y complejos turísticos de gran envergadura.

Pese al aluvión de cuestionamientos, el proyecto ha continuado su curso, alimentando sospechas de colusión entre la empresa y funcionarios públicos. El Faro Latino documentó una carta enviada por el propio Veras Paulino convocando a una vista pública, un proceso que la comunidad considera un formalismo destinado a legitimar una decisión ya encaminada.

Para los denunciantes, la persistencia del proyecto, pese a las objeciones legales y sociales, refuerza la percepción de que existen vínculos de poder e influencia que han permitido su avance.

La oposición comunitaria cuenta con un respaldo amplio y formal. Los documentos están firmados por trece miembros del Comité Gestor de Moradores de la Urbanización Ciudad Universitaria y por los presidentes de al menos diez juntas de vecinos del Bloque Noroeste de Puerto Plata, lo que confiere peso institucional a la denuncia. Las actuaciones legales fueron notificadas por los alguaciles José Alfredo Molina y Kelvin Omar Paulino, otorgando carácter jurídico y oficial al reclamo.

Ante la falta de respuestas, los denunciantes han elevado su llamado a las más altas instancias del Estado. Solicitan la intervención directa de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y del presidente Luis Abinader, advirtiendo que permitir una planta de residuos sólidos en la puerta de entrada del turismo de cruceros podría convertir a Puerto Plata en un ejemplo de cómo una sola decisión, adoptada al margen del interés colectivo, es capaz de erosionar un destino turístico y comprometer la salud, la economía y la dignidad de toda una comunidad.