Poder Ejecutivo declara de seguridad nacional información sobre elaboración de pasaportes
Santo Domingo.- En el día de hoy fue promulgado el Decreto 282-23, mediante el cual el presidente Abinader dispuso de las herramientas legales necesarias para autorizar a la Dirección General de Pasaportes, el uso de mecanismos ágiles y abreviados en la emisión del pasaporte de lectura electrónica de la República Dominicana.
En el referido decreto, el Poder Ejecutivo resalta que en su informe de evaluación, la OACI recomienda a la Dirección General de Pasaportes expedir pasaportes de lectura electrónica con el propósito de mejorar la seguridad en este documento de viaje, su expedición, el manejo de la identidad y el informe de la emisión de evaluación técnica para la República Dominicana.
El pasaporte de lectura electrónica, implementado por más de 110 países, es más confiable y seguro, de fácil mantenimiento y reemplazo que el actual pasaporte de lectura mecánica, con tecnología difícil de copiar debido al circuito electrónico de seguridad encriptado que tiene integrado, así como a los elementos biométricos para autenticar la identidad y ciudadanía del viajero.
En virtud de ello el gobierno considera que se debe proceder de forma prioritaria a su emisión.
Igualmente se puso de relieve en el decreto emitido hoy, que el circuito electrónico encriptado que compone el pasaporte de lectura electrónica, junto a otras de sus características, dificulta su manipulación fraudulenta, por lo que evita ocultar la identidad de personas vinculadas a actividades ilícitas relacionadas al crimen organizado transnacional o al terrorismo.
Como puede observarse en su articulado, el decreto es reiterativo en que los procedimientos de contratación correspondientes, deberán realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en la materia de contrataciones públicas.
Del mismo modo se dispone que la Dirección General de Pasaportes deberá gestionar los procedimientos correspondientes a través del Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que cuenta con un circuito diferenciado para estos procesos.
