Poder Judicial diseña un piloto para saber costo de un proceso judicial

El Poder Judicial iniciará, el próximo año, un proyecto piloto de tasación de costos judiciales, que empezará con la jurisdicción civil. Para esto se va tomar como referencia el sistema de gestión de casos que han ido implementando en procesos de digitalización de la justicia.

En respuesta al reportaje de elCaribe, en el que se estableció que ese poder del Estado no tiene cuantificados los costos de los procesos en el país y la necesidad de tasarlos a fin de que la población sepa lo que esto implica, así como la razón por la que los actores del sistema promueven la búsqueda de medios alternos para la resolución de conflictos, la Directora de análisis y políticas públicas del Poder Judicial, Rosaura Quiñones, conversó con este medio.

Quiñones explicó que desde hace dos años trabajan en una propuesta para establecer verídicamente los costos de un proceso dependiendo de la naturaleza, características, cantidad de personas involucradas y la etapa del proceso en la que se encuentran.

“No se trata de saber cuánto cuesta un caso sino cada caso por tipo de caso”, refirió al explicar que si se toma la materia penal como referencia, lo que la judicatura busca con el proyecto es determinar cuánto cuesta una medida de coerción de un caso complejo y una de un caso que no sea complejo.

Así como determinar qué tiempo dura y que se necesita para conocer un caso de robo simple y uno de corrupción administrativa con más de 20 personas.

Un piloto transversal

Dijo que con el sistema de gestión de casos, ya no solo se podrá conocer el momento de entrada y salida de un proceso. También el tiempo empleado, el procedimiento y el personal requerido para ello.

Describió lo complejo de calcular de manera específica el costo de un procedimiento, debido a que los tribunales conocen diversas controversias al mismo tiempo y por eso hasta este momento no se ha podido cuantificar o tasar lo que implica un proceso para los actores del sistema y los usuarios.

“El análisis que queremos hacer realmente es un análisis de costos y beneficios. Y al mismo tiempo ver como las distintas medidas que hemos venido aplicando en los últimos seis años, de digitalizaciones, del tema de métodos alternos y demás, han ayudado para que para la población, el proceso judicial sea menos costoso”, señaló.

Otro de los elementos que considera se debe medir, es el costo que tiene para las personas acudir a un proceso judicial, cuánto tiene que pagar de abogado y cuánto invierte el Ministerio Público para investigar o instrumentar un caso penal.

Segregar los casos, es una de las mayores dificultades para el piloto que iniciaría en los tribunales civiles del Distrito Nacional, por ser la materia que ha logrado la integración en 100% del sistema de gestión de casos y la digitalización de sus procesos, además de que el Distrito, por conocer casos vinculados a toda la geografía nacional, es un muestra representativa.

Exprocurador Domíguez Brito

En los reportajes publicados se pudo establecer, en conversaciones con la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito, Kenya Romero, todo lo que implica para la judicatura administrar un proceso y gastos en que incurriría el Ministerio Público cuando pone en marcha una acción penal por delitos simples y también complejos.

La Defensa Pública no tiene establecida la inversión para representar a imputados en casos penales pero las oficinas privadas de abogados, sí tienen estimado por cuánto llevan un caso en lo penal, civil, laboral, administrativo o tributarios.

El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, considera que es importante para el Estado saber los costos de un proceso a fin de definir y mejorar sus estrategias para la persecución del delito. Al mismo tiempo, considera que tener esos datos, también pueden servir de referencia al momento de que los tribunales ponderen extinguir un proceso penal.

Recordó que mientras estuvo ejerciendo como cabeza del Ministerio Público, en la Escuela de la Judicatura se estuvo llevando a cabo una iniciativa para determinar los costos de los procesos en materia civil.

Tasar el costo del proceso desde la etapa preparatoria hasta su conclusión tomando en cuenta los diferentes elementos, podría contribuir a que en la mesa de trabajo del Poder Judicial, la Procuraduría General y la Defensa Pública diseñen la estrategia para reducir la carga judicial en el ámbito penal. Otro aspecto que podría ser útil es hacer un cruce de información y trabajar para que los usuarios comprendan los procesos judiciales, sus etapas y responsabilidades en ellos.

Las tarifas dependen de la fase y del proceso

Los acuerdos judiciales podrían ser mejor comprendidos por la ciudadanía si con costos, estadísticas y mejor transparencia, se orienta a la población sobre la pertinencia de recurrir a ellos, explicó la jueza Romero.

Para una persona enfrentarse a un proceso ya sea penal, civil, administrativo o tributario incurre en gastos que oscila entre los 5,000 pesos hasta los 1,000 dólares por hora, lo cual depende de la naturaleza o etapa.

En lo penal, para subir a conocer una medida de coerción, los abogados pueden pedir entre cinco mil pesos hasta millones. Las oficinas de abogados establecen precios que dependen de la etapa, es decir, uno para la medida de coerción, otro para la etapa preliminar, para el juicio y las apelaciones, las cuales dependerán de la instancia en la que se interponga el recurso.