Porte de armas de civiles desata la polémica en Ecuador
QUITO: Mientras el ex asambleísta y abogado Ramiro Aguilar tomaba un café la semana pasada en Quito, capital de Ecuador, dos delincuentes llegaron para robar celulares. Fue encañonado con una arma y se lanzó al suelo, mientras se escucharon dos pulsaciones de gatillo. El arma se encasquilló.
“En este momento era hombre muerto, eran la 15.00 horas y ahí estábamos dos personas”, narra a The Associated Press este abogado quiteño con experiencia en temas penales.
“En un país tan corrupto, el permiso de porte de armas será vendido con facilidad, y las armas en manos de civiles son un peligro para toda la sociedad, incluso para la misma policía”, cuestionó Aguilar.
El hecho ocurrió el 28 de marzo y cuatro días después, el presidente del país, Guillermo Lasso, anunciaba que autorizada la tenencia y porte de armas de uso civil como método de defensa.
Aguilar cree que “es una decisión negativa y contraproducente en cualquier sociedad”.
Para llevar un arma y poder usarla, los ciudadanos deberán sacar un permiso y varios certificados de destreza, psicológico y ausencia de antecedentes penales.
Pero las críticas arreciaron a la decisión de Lasso desde que la anunció. Por un lado, hay voces que lo ven como una aceptación implícita de que el Estado no puede vencer a los delincuentes ni garantizar la seguridad.
Por otro lado, hay serias dudas de que, como ya ha ocurrido con otros certificados o permisos, se pueda obtener licencia de armas de forma irregular, dada la corrupción reconocida en las instituciones.
El mismo gobierno ha admitido -y la Fiscalía ha abierto investigaciones- que el crimen organizado ha permeado en la policía y el Ejército, llegando hasta su cúpula. En diciembre de 2021, ya bajo la gestión de Lasso, Estados Unidos retiró la visa a varios generales por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Tres años antes, en 2018, seis bodegas militares fueron allanadas por presunto tráfico de armamento con disidentes de la guerrilla colombiana. Además, una tonelada de droga fue incautada ese año tras hallarla en una base militar.
Pero será el Ministerio de Defensa el que deba entregar los certificados de destreza en armas y el Ministerio de Salud, los psicológicos. Habrá un sistema de registro cuyo control estará bajo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
