PR aprueba ley que tipifica como asesinato muerte del concebido no nacido
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó la nueva ley que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido, lo que sus detractores denuncian como un paso para criminalizar el aborto.
La nueva ley enmienda el artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico para redefinir que «ser humano» incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno, señaló este jueves el Gobierno puertorriqueñoen un comunicado.
Su objetivo es complementar otra ley aprobada recientemente que declara asesinato en primer grado la muerte a propósito y con conocimiento de una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
«La legislación tiene el propósito de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales reconociendo al concebido no nacidocomo ser humano», abundó el comunicado.
La medida fue presentada por la gobernadora hace un mes, despertando en ese momento fuertes críticas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, entre otros.
Las delegaciones del PIP en Cámara y Senado expresaron su «contundente» rechazo a la propuesta de la gobernadora y su intención de «ilegalizar de forma absoluta el que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus cuerpos».
Por su parte, Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, aseguró que el proyecto constituye «una criminalización absoluta del aborto en Puerto Rico».
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en junio de 2022 la histórica sentencia conocida como ‘Roe contra Wade’, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, se han presentado numerosos proyectos de ley en Puerto Rico para limitar la interrupción voluntaria del embarazo, pero todos hasta ahora habían fracasado.
La diferencia, según alegan los expertos, es que bajo la Constitución federal el aborto no es un derecho fundamental, pero en Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU., está protegido por el derecho constitucional a la intimidad.
