Prisión preventiva para profesor acusado de violar a menor en Higüey
El profesor Jairo Misael Ramos Taveras ha sido enviado a prisión preventiva bajo la acusación de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años en Higüey, República Dominicana. La decisión fue tomada por el Juzgado de Atención Permanente, que impuso una medida de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya CCR-14.
La denuncia fue presentada por la víctima en la Fiscalía de Higüey, donde relató que los abusos comenzaron cuando ella tenía tan solo 13 años. Este caso ha captado la atención de la opinión pública y los medios de comunicación, reavivando el debate sobre la protección de los derechos de los menores en el país.
La gravedad de la situación se acentúa con el testimonio de la adolescente, quien informó que tras enterarse de su embarazo, el profesor le exigió que se provocara un aborto. Estas acciones han generado indignación y un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad y bienestar de los jóvenes.
En su defensa, el abogado de Ramos Taveras ha alegado que la menor presentó un acta de nacimiento falsa, sugiriendo que ella era mayor de edad al momento de los supuestos abusos. Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de la comunidad y los activistas por los derechos de los menores, quienes consideran que el bienestar de las víctimas debe prevalecer sobre cualquier alegato legal que busque desacreditar su testimonio.
El caso sigue desarrollándose y es probable que las audiencias adicionales darán más detalles sobre la situación. Las autoridades y organizaciones defensores de los derechos humanos están observando de cerca el proceso, poniendo énfasis en la importancia de tratar estos asuntos con la seriedad que merecen, especialmente en un contexto donde los abusos contra menores son, lamentablemente, aún una realidad muy presente.
La situación ha generado un llamado a la sociedad para estar alerta ante posibles casos de violencia y abuso sexual, así como la necesidad de implementar protocolos más rigurosos para la protección de los menores en el país.
