PRO-ERD denuncia que el TC desde sus orígenes ha servido a la delincuencia política en RD
Nueva York: El presidente del Proyecto Exigimos Respeto para la Diáspora (PRO-ERD), Esteban Cabrera, dijo este sábado que no le extrañó que el Tribunal Constitucional (TC) haya utilizado el nombre de (PRO-ERD), para darle una salida política y amañada a la sentencia # TC/013/23 evacuada por el Tribunal Constitucional (TC) el jueves 23 de marzo fundamentada en el expediente #TC-2021-0030 relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el Dr. Yomare Polanco Sánchez contra la sentencia número TSE-793-2020 dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) el 30 de julio de 2020.
Dijo que no se puede esperar una administración de justicia decente de una institución que surgió como un traje hecho a la medida para la delincuencia política de la República Dominicana, del reparto de poderes diseñado por el Establishment político de ese país para garantizarse la impunidad y predominio de los sectores más abominables que se han apandillado para asaltar las arcas del estado.
“Los amargos acontecimientos políticos de 1994 que cercenaron los pocos vestigios democráticos que había en el país, cuando al Dr. José Francisco Peña Gómez, el Dr. Joaquín Balaguer y sus lacayos le cerraron el paso, después de haber ganado limpiamente las elecciones, lo que generó una crisis política sin precedentes. Ese proceso peligroso, despojó a los senadores de la facultad de elegir a sus propios jueces y dio paso al reparto más indecoroso, que incluyó a las altas cortes en RD, mejor conocido como el “pacto de las corbatas azules”, mediante el que Leonel Fernández-PLD y Miguel Vargas Maldonado-PRD, se repartieron de forma descarada el Tribunal Superior Electoral (TSE), el Tribunal Constitucional (TC) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuya culminación se materializó con la constitución del 2010, dijo el presidente de (PRO-ERD), Esteban Cabrera.
Esteban Cabrera, presidente PRO-ERD.
“Lo que mal comienza, mal termina, el TC nunca superó el lodazal al que precedió y los actuales titulares se desenvuelven en un ambiente de distorsión y deficiencia, solo respondiendo a los intereses partidarios a los que cada uno responde desnaturalizando decisiones jurídicas y acomodándolas a otros tipos de intereses, como en este caso de la sentencia contra Yomare Polanco, para cuya justificación se valieron ilegalmente del nombre del Proyecto Exigimos Respeto para la Diáspora (PRO-ERD) para poder cumplir con un mandato de sectores políticos que llevó al TC a evacuar una sentencia que los entendidos en la materia han considerado como un adefesio jurídico”, dijo Cabrera.
Esteban Cabrera, autor del libro “La Cara Rota de la Diáspora”, una investigación periodística que puso en evidencia el fraude electoral a la tercera diputación de ultramar en la circunscripción #1 de EE.UU y un desfalco de casi 5 millones de dólares a los fondos de las elecciones dominicanas del exterior en 2020 (caso que generó la referida sentencia contra Yomare Polanco), dijo que aunque existe un reglamento mediante el cual el Consejo Nacional de la Magistratura tiene las herramientas para evaluar y escoger a los jueces que formarán parte de la Suprema Corte de Justicia y demás altas cortes, en la práctica se vuelan todas esas reglas y los partidos políticos se reparten los jueces que les son afines, discriminando y dejando a un lado a los mejores valores morales y capacidades, que fue, por ejemplo, lo que le sucedió a doña Miriam Germán Brito en el gobierno de Danilo Medina.
“Una prueba de que el Tribunal Constitucional (TC) es un reparto descarado de los jueces entre los partidos políticos lo constituye los casos de los magistrados, Milton Ray Guevara, Rafael Díaz Filpo y el ex-juez, Víctor Gómez, quienes abiertamente representan una agenda partidaria o Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que viene del Comité Central (CC) del PLD. Los demás no están ahí por méritos, sino por los compromisos políticos contraídos”, aseguró Esteban Cabrera.
“El pueblo dominicano no tiene ninguna posibilidad de tener un poder judicial independiente, porque las estructuras partidarias se han asegurado de mantenerlo secuestrado y no hay forma de cambiar esto, hasta que no llegue un “VENGADOR SOCIAL”, porque la delincuencia comienza con el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, órgano selector, que está integrado por: El presidente de la República, un senador, escogido por el Senado representante de la segunda mayoría partidaria; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado, escogido por la Cámara de Diputados, que pertenezca a un partido diferente al del presidente de la Cámara de Diputados; el presidente de la Suprema Corte de Justicia; un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, escogido por ella misma, quien fungirá como secretario; y el procurador general de la República, escogido por el presidente de la República. Es decir, es una justicia secuestrada por la delincuencia política del país”, explicó Esteban Cabrera.
Ese Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) infestado de intereses políticos, es el órgano constitucional encargado de designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, así como evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Así que a dónde va la iglesia en manos de Lutero?” se preguntó Cabrera.
El Proyecto Exigimos Respeto para la Diáspora (PRO-ERD) encamina diligencias legales en República Dominicana y EE.UU para demandar civilmente a cada uno de los jueces del Tribunal Constitucional (TC) porque esta alta corte involucró en una sentencia a esta organización caritativa fundada en el estado de Pennsylvania dándole el estatus de organización política, cuando en realidad es una Nonprofit.
Finalmente, el presidente del Proyecto Exigimos Respeto para la Diáspora (PRO-ERD), Esteban Cabrera, dijo que el pueblo dominicano está pagando un alto precio y se encuentra judicialmente desprotegido y las consecuencias derivadas del accionar delincuencial de las altas cortes en República Dominicana han arrastrado al país a escándalos trágicos como que los jueces constitucionales viven de escándalos en escándalos, porque no existe la evaluación cualitativa, sino escogencias mediocres, que luego quedan en el secretismo, desbordamientos tan groseros como que algunos jueces son capaces de silenciar la existencia de un juez titular que ejerció la condición sin ser abogado, o de otro sorprendido en flagrante delito como suplidor de combustibles, o la suerte y ascenso de una jefa de gabinete, los gastos de un altísimo monto de millones de pesos en la realización de un infodocumental, la desagradable presencia del juez en un estridente allanamiento de un condenado federal en West Palm Beach y un video del titular promoviendo las “virtudes” de un proyecto inmobiliario perseguido penalmente. Todo esto, sin ninguna consecuencia, porque son los dueños del país”.
