Protejamos a los órganos de persecución de la corrupción y a responsables del orden y seguridad públicos.
Por: Kinller E. Moquete – Abogado. Especialista en formulación de políticas públicas sociales y e implementación de sistemas de gestión bajo normas ISO de riesgos, antisoborno, cumplimiento, calidad y seguridad de información.
Santo Domingo, D. N: El pasado domingo 18 de marzo, el pueblo dominicano, amaneció con la noticia de que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), se encontraba en ejecución de la Operación Calamar.
Mediante la Operación Calamar, tras cerca de dos años de investigación, con delatores que han entregado miles de millones de pesos resultados de los actos non santos, así como con cientos de pruebas, se han arrestado y solicitado medidas de coerción a una veintena de individuos, algunos de ellos ex funcionarios de alto perfil y otros empresarios y/o presuntos prestanombres.
Para la fecha fijada para conocer de la solicitud de medidas de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a pesar de haberse dispuesto una seguridad reforzada, una turba de supuestos dirigentes del PLD logró romper el perímetro de seguridad, provocando así un desorden mayúsculo, incluyendo daños a la propiedad pública y privada, donde no ocurrió una desgracia por la profesionalidad con la que actuaron los agentes del orden que fueron llamados a fortalecer la seguridad.
Para este domingo 26 de los corrientes, el segundo partido de oposición política había hecho un llamado a su militancia a defenderse de lo que consideran una persecución política, los cuales marcharon hacia el Palacio de Justica e intentaron romper el perímetro de seguridad ya ampliado por los hechos recientes.
El hecho ha devenido en la necesidad de usar las técnicas y herramientas policiales para asegurar la integridad y el patrimonio del Ministerio Publico, así como la seguridad y libre tránsito en la zona.
El uso de una fuerza proporcional autorizada para dirimir motines fue utilizado. Fuerzas motorizadas acuden a un llamado acerca de tránsito detenido en determinados trámites de la Av. Independencia, siendo captados en cámara y usado políticamente en contra del gobierno dominicano, para desacreditar la lucha contra la corrupción, usando a la policía como blanco por parte de autoridades del Partido de la Liberación Dominicana, llegando a solicitar la destitución del Director de la Policía Nacional.
Ante ese pedido y lo que parece ser una campaña política en contra del gobierno, teniendo como su centro a los organismos de élite y al propio director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Then, hemos de pedir, encarecidamente: “Dejen a la Policía Nacional al margen de las discusiones y el debate político”, también, “Protejamos la institucionalidad, autonomía e independencia del Ministerio Público, empezando por la seguridad física de sus integrantes y los expedientes que éstos están manejando”.
En el pasado relativamente reciente, hace apenas unos 4 a 5 años, cada vez que habría algún operativo especial, que se reclamaba máxima discreción contra los señores del narcotráfico, o de la corrupción administrativa, era bien sabido, que cuando llegaban las autoridades de la PGR o del PEPCA, solo encontraban el claro.
Hoy día se evidencia un mayor compromiso en autoridades del Ministerio Publico y de las fuerzas del orden. Apoyemos eso.
El llamado a destitución del director policial o de los agentes actuantes este domingo 26, no puede ni debe representar una salida política para las autoridades nacionales. Debemos, por el contrario, reconocer la marcialidad y la efectividad con la que hicieron su trabajo, restaurando el orden público en los cuatro enfrentamientos sucedidos este domingo, y apoyando y socorriendo a los afectados por los autorizados gases lacrimógenos.
Desde este espacio, hacemos un llamado a la clase política y a la ciudadanía a promover el respeto a los debidos procesos de ley, al respeto a las autoridades del Ministerio Público y a la Policía Nacional.
La persecución de los delitos de corrupción es algo que hiere muchas sensibilidades y que desacomoda a muchos que por décadas han acabado con el patrimonio público, unos con rostros de auténticos demonios y otros con rostros engañosamente dóciles.
La única forma de acabar o reducir considerablemente la prevaricación, asociación de malhechores para defraudar al Estado, en fin, la corrupción administrativa, es enfrentándola, investigando, sometiendo y defendiendo con pruebas que mas allá de cualquier cuestionamiento, permitan a un Juez un fallo que devenga en condena en firme contra los perpetradores.
La corrupción ha sido tan mala para nuestro país, que ha ocasionado que en los últimos 30 años hayamos tenido que acudir al sistema financiero internacional a tomar miles de millones de dólares en préstamos para financiar cosas tan básicas de un Estado como, infraestructura y equipos en salud, agua, energía, seguridad ciudadana, agricultura, etc., mientras que, por otro lado, un puñado de individuos se servía con la cuchara grande de forma subrepticia.
Defendamos, insisto, las acciones que lleva a cabo el Ministerio Publico, encabezados por la magistrada Miriam Germán Brito, Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho, procuradora general y procuradores generales adjuntos, respectivamente, así como sus equipos de trabajo, en la valiente misión y decisión de enfrentar con gallardía, responsabilidad y entereza los delitos de corrupción administrativa.
Fortalezcamos aun mas la seguridad del Palacio de Justicia, de sus integrantes y por supuesto, la integridad y el honor de los caballeros oficiales de la Policía Nacional que han tenido que actuar de una forma incorruptible en estos casos.
Reconozcamos y felicitemos a los miembros de la Policía Nacional en sus actuaciones con miras a garantizar el orden publico y la integridad de servidores del ministerio público, judiciales, usuarios de servicios e internos en el Palacio de Justicia.
